Crímenes sexuales y de género

Violación. Violencia sexual. Esclavitud sexual. Prostitución forzada. Embarazo forzado. Esterilización forzada. Persecución por motivos de género. Tráfico.

El flagelo de los crímenes sexuales y por motivos de género (CSG) se hace presente en conflictos de todo el mundo. La CPI encabeza numerosas iniciativas para erradicarlos.

Los perpetradores usan los CSG para atemorizar, degradar y castigar comunidades y llevar a cabo “limpiezas” étnicas. Las mujeres y las niñas son el blanco principal, pero los hombres y los niños también se ven afectados por esta terrible práctica. Los sobrevivientes son regularmente marginados y estigmatizados en sus propias comunidades.

La sociedad civil ha trabajado por muchos años para salvaguardar los derechos de las mujeres a través de disposiciones, políticas firmes y el enjuiciamiento de los CSG a través de la CPI y de cortes nacionales.  

Visita el sitio Web de Women's Initiative's for Gender Justice, un miembro de nuestro Comité de Dirección, para obtener más información.

Definición de violencia sexual y de género

Los crímenes basados en el género son aquellos crímenes cometidos en contra de personas, tanto hombres como mujeres, por su sexo y/o roles de género socialmente construidos.  Los crímenes de género no siempre se manifiestan en forma de violencia sexual. Incluyen ataques no sexuales contra mujeres o niñas, hombre y niños, debido a su género.

Los crímenes sexuales son crímenes que recaen bajo la jurisdicción de la CPI como lo describen los artículos 7(1)(g), 8(2)(b)(xxii) y 8(2)(e)(vi) del Estatuto. Estos crímenes incluyen violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

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Justicia de género en el sistema del Estatuto de Roma

El Estatuto de Roma es el primer tratado internacional en identificar los CSG relacionados con los conflictos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, en algunas instancias, genocidio. Estas históricas disposiciones han generado un nuevo lenguaje para describir y procesar estos terribles crímenes.

Dado que las víctimas cuentan con la posibilidad de participar en los procedimientos de la CPI, es posible escuchar sus historias en los tribunales. Esto permite conocer las voces particulares de las mujeres, regularmente ignoradas en los enjuiciamientos internacionales.

Estas históricas innovaciones dan carácter de urgencia a la necesidad de que todos los Estados se unan a la CPI y adopten leyes para permitir el enjuiciamiento nacional de los CSG.

En las numerosas situaciones donde la CPI tiene, o podría tener, jurisdicción, la falta de legislación (o una legislación incompleta) puede llevar a no querer o a no poder procesar genuinamente los CSG. Las leyes nacionales permiten a los gobiernos aumentar el acceso a la justicia y a las reparaciones, como la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, así como las garantías de no repetición.

La sociedad civil busca que los Estados apliquen íntegramente el Estatuto de Roma con el fin de establecer mecanismos efectivos y disposiciones legales para la investigación, enjuiciamiento y adjudicación de CSG a nivel nacional.

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Juzgando CSG en la CPI

Al reconocer que los CSG son algunos de los crímenes más serios bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma, la Fiscalía de la CPI ha priorizado su investigación y enjuiciamiento en el marco de su Documento de Política sobre Crímenes Sexuales y por Motivos de Género de 2014- un documento único para una corte o tribunal internacional.

En sus primeros casos, la Fiscalía no incluyó cargos por CSG (Lubanga) o fue forzada a retirar cargos específicos por violación y violencia sexual (Katanga). Desde la creación del Documento de Política de la Fiscalía ha crecido el interés en los cargos por los CSG. El juicio del caudillo congolés Bosco Ntaganda representó la primera vez que un líder militar enfrenta cargos por CSG ante la CPI. El líder militar Jean-Pierre Bemba fue el primer acusado por violación como crimen de guerra en 2016. El caudillo ugandés Dominic Ongwen también ha sido acusado por CSG, entre los que se incluye la violencia sexual.

La política de CSG brinda guías de procedimiento para la investigación y el procesamiento de CSG. También busca promover la transparencia y la predictibilidad en el enjuiciamiento de dichos crímenes.

Los principales objetivos del Documento de Política son:

  • Afirmar la voluntad de la Fiscalía de prestar especial atención a los crímenes sexuales y por motivos de género en consonancia con las disposiciones del Estatuto;
  • Orientar la aplicación y la utilización de las disposiciones del Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba a fin de asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los CSG desde el examen preliminar hasta la apelación;
  • Aportar claridad y dirección en las cuestiones atinentes a los CSG en todos los aspectos de las operaciones;
  • Contribuir a la promoción de una cultura fundada en las mejores prácticas en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los CSG; y
  • Contribuir mediante su aplicación al constante desarrollo de la jurisprudencia internacional en materia de CSG.
  • La política sobre CSG fue creada tras un proceso de consultas internas dentro de la CPI, Estados Partes, organizaciones internacionales, nacionales y regionales, la sociedad civil, académicos y grupos de asistencia a víctimas/sobrevivientes. Varios miembros de la Coalición presentaron recomendaciones.
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La protección de víctimas y testigos de la CPI

El Estatuto y las reglas de la CPI están pensados para dar protección a las víctimas y testigos que han sufrido CSG. La Corte garantiza que sus procedimientos estén diseñados para lidiar con las necesidades específicas de esta clase de víctimas y testigos.

La CPI tiene la obligación de proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la privacidad de las víctimas y testigos, teniendo especialmente en cuenta factores como su género y si los crímenes implican CSG. La Unidad de Víctimas y Testigos de la CPI, ubicada dentro de la Secretaría de la CPI, brinda protección, seguridad, asesoramiento, contención y otras formas de asistencia.

A un nivel más general, la Corte puede instituir medidas para proteger a las víctimas y testigos durante los procedimientos en los tribunales. La Corte tiene también la obligación de vigilar los interrogatorios de los testigos para evitar el acoso o la intimidación, especialmente en casos que implican CSG.

Las reglas de la CPI están diseñadas para proteger a las víctimas de violencia sexual de daños o ataques intrusivos a su sexualidad y credibilidad. La Corte no puede admitir pruebas sobre la conducta sexual previa o posterior de una víctima o testigo ni requerir la corroboración de un testimonio relacionado con violencia sexual.

Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecen principios para guiar a la Corte en la administración de casos de violencia sexual; allí se establece que el consentimiento de una víctima no podrá inferirse cuando el perpetrador haya hecho uso de un entorno coercitivo (como un centro de detención) y exige procedimientos especiales para la presentación de pruebas de consentimiento en actos de violencia sexual.

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Experiencia en materia de CSG

El Estatuto de Roma establece que el Fiscal de la CPI debe designar asesores con experiencia legal en violencia sexual o de género. La unidad de víctimas y testigos de la Corte cuenta con personal con experiencia en traumas relacionados con los crímenes sexuales.

El Estatuto también requiere que los Estados, durante la elección de jueces, tengan en cuenta la necesidad de una "representación equitativa " de hombres y mujeres, y solicita al Fiscal y al Secretario que sigan este mismo camino a la hora de tomar personal. La Coalición también solicita a la AEP designar de forma consistente oficiales con experiencia en cuestiones de género.

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