Los Estados no deben utilizar el presupuesto de la CPI para interferir en su trabajo

Con los Estados todavía expectantes por las noticia de que Burundi, Gambia y Sudáfrica pretenden abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), la sesión anual de los 124 Estados Partes al Estatuto de Roma concluyó la semana pasada en La Haya de forma satisfactoria.

La mayor parte de los Estados reafirmaron su apoyo y respaldo a la Corte, reconociendo la necesidad de expandir el trabajo de la Corte más allá de África, y urgiendo a los tres países a reconsiderar sus posiciones. A pesar de que han mantenido su posición, Burundi y Sudáfrica mantuvieron diálogos contructivos y trataron de explicar sus posiciones. Pero cualquier avance que pudiera hacerse en este sentido se ve amenazado por un nuevo intento de 11 Estados para restringir los fondos de la Corte, una movida que dificultará la posibilidad de que la Corte pueda iniciar nuevas investigaciones en otras regiones. La Corte tiene ahora que enfrentar críticas, a pesar de que solo una de sus investigaciones activas se desarrolla en África. 

La iniciativa de Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, España, el RU y Venezuela es parte de una campaña a largo plazo de los Estados que más contribuyen al presupuesto de la CPI para reducir el crecimiento de la CPI, culpando a la crisis financiera global y a las ineficiencias de la Corte. Esta campaña ignora las recomendaciones de un órgano independiente que afirma que se necesitan mayores fondos. También ignora el terrible impacto que supondrán estos recortes y su efecto en la capacidad de la Corte para llevar a cabo investigaciones y mantener la paz en una realidad que supone crímenes graves a niveles alarmantes.

Esta campaña se produce unos días después del nuevo informe de la Fiscalía de la CPI que indicaba la necesidad de abrir una nueva investigación de forma inminente en Afganistán, que debería cubrir denuncias por presuntas torturas por parte de funcionarios de EE.UU; que es preciso profundizar en las investigaciones en Palestina y Ucrania; y que todavía tiene que decidir con respecto a Colombia.

Estamos ante un nuevo nivel de hipocresía—un día respaldan las investigaciones de la CPI (especialmente aquellas fuera de África) y al día siguiente le quitan los fondos. El jueves pasado, el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stéphane Dion declaró: “Debemos trabajar más para permitir a la Corte proteger mejor a los habitantes de otros Estados en los que sus derechos más fundamentales son pisoteados con impunidad. Necesitamos más Corte Penal Internacional, no menos.” Otros gobiernos hicieron declaraciones en este mismo sentido.

Si los países estuvieran realmente comprometidos con la eficacia de la Corte, deberían reponer cada escritorio y cada oficina sobre el terreno tan pronto como sea posible para asegurar que esta esté al día con todas las investigaciones atrasadas y sea capaz de proporcionar justicia al mayor número de víctimas sin importar la región de las mismas. 

Sin embargo, queda cada vez más claro que la buena voluntad de los principales defensores a la hora de apoyar y financiar a la justicia internacional no se puede dar por sentada cuando sus intereses financieros se ven afectados.

El enfoque cínico de estos gobiernos en relación con el financiamiento de la CPI demuestra que se ha aprendido poco de los problemas de otras instituciones globales en consecuencia de la falta de financiamiento.

Esto no debería pasar en la CPI. Una mayoría de países dedicados debe asegurar que todos los países sean honestos. Estos 11 Estados deberían ser frenados y sus mociones en este sentido desaprobadas para asegurar que la CPI reciba los recursos que precisa.

Elizabeth Evenson es Directora Asociada de Justicia Internacional de Human Rights Watch y Jonathan O'Donohue es Asesor Legal en Amnistía Internacional. 

Este artículo fue publicado por primera vez en la página web de openDemocracy, como parte del debate de la CPI de openGlobalRights