Con la publicación del sospechoso libio, una lista con los 13 que aún siguen libres

El 24 de abril de 2017, la Corte Penal Internacional (CPI) publicó una orden de arresto de 2013 para Al-Tuhamy Mohamed Khaled, presuntamente responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad en Libia entre febrero y agosto de 2011.

La Fiscal de la CPI declaró que espera que la reclasificación de la orden de arresto de 2013 como pública no sólo informará a la comunidad internacional de su existencia, sino que movilizará la cooperación  en favor del arresto de Khaled y su entrega a La Haya, localización de la corte Penal Internacional. A continuación explicamos la situación del nuevo sospechoso de la CPI – al tiempo que recordamos otras 12 órdenes de arresto que todavía siguen pendientes sobre otros sospechosos de la CPI.

Al-Tuhamy Mohamed Khaled (Libia)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remitió la situación de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el Estado no Parte de la CPI de Libia tras las manifestaciones populares contra el régimen de Muammar Gaddafi en febrero de 2011. Los cargos de la Fiscalía contra Khaled, un ex oficial de las fuerzas de seguridad del régimen de Gaddafi, incluyen los primeros cargos de la CPI por crímenes de guerra entre los que se incluyen la tortura, el tratamiento inhumano y ultrajes a la dignidad de las personas, que presuntamente tuvieron lugar en el conflicto armado interno entre las fuerzas rebeldes y las fuerzas del gobierno en 2011. La orden de arresto también denuncia la detención, tortura, persecución y otros actos inhumanos contra los que opositores del régimen que podrían a llegar a calificar como crimen de lesa humanidad.

Saif Al-Islam Gaddafi (Libia)

El fiscal de la CPI alega que Saif al-Islam Gaddafi -como primer ministro de facto bajo el régimen de su padre, y el líder libio Muammar Gaddafi- ideó e implementó una política a nivel estatal para sofocar,  esto incluye a través de la fuerza letal, manifestaciones civiles en 2011. Los jueces de instrucción emitieron órdenes de arresto contra ambos Gaddafi, así como contra el ex jefe de inteligencia Abdullah al-Senussi en junio de 2011; el caso contra Muammar Gaddafi fue finalizado después de su muerte y el caso contra al-Senussi fue considerado inadmisible en 2013. Los jueces remitieron el caso contra el joven Gaddafi al CSNU en diciembre de 2014 por una falla de las autoridades libias a la hora de transferir al sospechoso de Libia, donde estaba detenido por la milicia Zintan. En 2015, un tribunal de Trípoli condenó a muerte a Gaddafi y otros siete ex funcionarios del gobierno. Sin embargo, los fracasos nacionales en el desarrollo de juicios justos, así como la liberación de Gadafi, han llevado a la fiscal de la CPI y a los grupos de la sociedad civil a movilizarse para que sea entregado a la CPI.

Omar al-Bashir (Darfur)

El presidente sudanés Omar al-Bashir es buscado por la CPI por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio cometidos en Darfur, Sudán, a partir de 2003. Al-Bashir se convirtió en el primer jefe de Estado en ser buscado por un tribunal internacional después de que la CPI emitiera órdenes de arresto en su contra en 2009 y 2010. Los viajes internacionales del presidente sudanés han sido enormemente reducidos por la amenaza de acciones legales internas, incluidas algunas iniciadas por grupos nacionales de la sociedad civil, pero los casos de falta de cooperación por parte de los Estados miembros de la CPI siguen siendo importantes. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), que remitió la situación de Darfur a la CPI, no ha logrado garantizar o facilitar la detención de al-Bashir. La CPI ya llegó a la conclusión de que varios Estados africanos no cumplieron con sus obligaciones de arrestar y entregar a al-Bashir en los últimos años, y este año decidirá si Sudáfrica se sumará a la lista. Más recientemente, al-Bashir asistió a la Cumbre de la Liga Árabe en Jordania, otro estado miembro de la CPI.
 

Abdel Raheem Muhammad Hussein (Darfur)

Abdel Hussein, ex ministro sudanés del Interior y representante especial del presidente Omar al-Bashir en Darfur, es buscado por la CPI por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se alega que ha contribuido a un plan de contrainsurgencia de la milicia Janjaweed contra los grupos rebeldes en Darfur de 2003 a 2004. Los jueces de la CPI emitieron una orden de arresto contra Hussein en marzo de 2012.

Ali Kushayb (Darfur)

Ali Kushayb, presunto líder de la milicia Janjaweed alineada por el gobierno sudanés, es buscado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur, Sudán. Kushayb es acusado como comandante de la milicia Janjaweed, que supuestamente implementó la estrategia de contrainsurgencia del gobierno sudanés en Darfur entre 2003 y 2004. Los jueces de la CPI emitieron la orden de arresto contra Kushyab el 27 de abril de 2007. El 25 de mayo de 2010, los jueces de instrucción informaron al CSNU sobre la falta de cooperación de Sudán en el arresto.

Ahmad Harun (Darfur)

El actual gobernador de la región del Kordofán del Norte, Sudán, Ahmad Harun, es buscado por la CPI por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur, Sudán. Harun fue el Ministro de Interior encargado de las fuerzas militares sudanesas entre 2003 y 2005. Entre 2003 y 2004, las fuerzas gubernamentales, con la asistencia de la milicia Janjaweed, atacaron presuntamente las ciudades de Kodom, Bindisi y Arawale en Darfur, asesinando, violando y persiguiendo y encarcelando civiles. La orden de arresto contra Harun fue emitida junto con la de Kushayb el 27 de abril de 2007, y ha contado con la misma falta de cooperación por parte de Sudán y la misma falta de respuesta del CSNU.

Abdallah Banda Abakaer Nourain (Darfur)

Abdallah Banda Abakaer Nourain, comandante del grupo rebelde del Movimiento por la Justicia e Igualdad en Sudán, es presuntamente responsable de los crímenes de guerra cometidos durante un ataque de 2007 contra las fuerzas de paz de la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS). Doce agentes de paz y otros ocho miembros del personal de la AMIS murieron como resultado del ataque. Después de la aparición voluntaria inicial de Banda en la CPI en junio de 2010 en respuesta a una orden de comparencia, los jueces confirmaron los cargos y lo enviaron a juicio. En septiembre de 2014, la Corte emitió una orden de arresto contra Banda cuando el hecho de que no se volviera a presentar para juicio se convirtió en una posibilidad, la Cámara de Apelaciones de la CPI confirmó la orden.

Simone Gbagbo (Costa de Marfil)

Costa de Marfil se ha negado sistemáticamente a entregar a la ex Primera Dama Simone Gbagbo a la CPI para su procesamiento por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos tras las disputadas elecciones presidenciales de 2010. Gbagbo, cuya orden de arresto de la CPI data de 2012, fue condenada en un tribunal nacional en 2015 por socavar la seguridad del Estado y fue sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, los jueces de apelación de la CPI determinaron que los procedimientos internos no cubrían los mismos crímenes que los contenidos en el caso de la CPI y que Costa de Marfil sigue teniendo la obligación de entregarlo a la CPI. En marzo de 2017, Gbagbo fue absuelto por un tribunal nacional de crímenes de lesa humanidad debido a ciertas preocupaciones en relación a la posibilidad de llevar a cabo un juicio justo y una seria falta de pruebas. Hasta que los jueces de la CPI decidan lo contrario, Simone Gbagbo seguirá en libertad.

Walter Osapiri Barasa (Kenia)

Walter Osapiri Barasa es un ex periodista keniano que sirvió de intermediario entre la Fiscalía de la CPI y los testigos locales durante la investigación de la Fiscalía sobre una situación de violencia post-electoral en Kenia de 2007 a 2008. Según su orden de arresto de agosto de 2013, Barasa es sospechoso de ofrecer sobornos a los testigos de la fiscalía para inducirlos a retirar su testimonio ante la CPI, lo que constituiría un delito contra la administración de justicia bajo el Estatuto de Roma.
 

Paul Gicheru (Kenia)

Paul Gicheru, un abogado keniano, es sospechado por manipulación de testigos - o delitos contra la administración de justicia bajo el Estatuto de Roma - que consiste en influir de forma corrupta a los testigos de la acusación en los casos de la situación de Kenia. El fiscal de la CPI ha aportado pruebas, entre ellas varias declaraciones de testigos y transcripciones de entrevistas, documentos oficiales y correspondencia que demuestran que a partir de abril de 2013 existe un sistema penal diseñado para abordar sistemáticamente y influir de manera corrupta en los testigos: presuntamente por soborno y otros métodos para inducir a sus víctimas a retirarse como testigos de la acusación. Una orden de arresto de marzo de 2015 contra Gicheru sugiere que fue él quien coordinó el supuesto plan.

Philip Kipkoech Bett (Kenia)

Al igual que Gicheru, Kipkoech Bett es un abogado keniata sospechado de delitos contra la administración de justicia, también por influir presuntamente de manera corrupta a los testigos en los casos de la situación de Kenia. Según su orden de arresto de la CPI de marzo de 2015, Bett habría contribuído a un plan de manipulación de testigos.

Sylvestre Mudacumura (RDC)

Sylvestre Mudacumura, el presunto Comandante Supremo de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, ha sido acusado de nueve cargos de crímenes de guerra, supuestamente cometidos entre 2009 y 2010, en el contexto del conflicto en los Kivus, en la República Democrática del Congo. Las acusaciones de crímenes de guerra consisten en atacar a civiles, asesinatos, mutilaciones, tratos crueles, violaciones, torturas, destrucción de bienes, saqueos y ultrajes contra la dignidad personal. Mudacumura, quien supuestamente dirigió la comisión de los crímenes, fue objeto de una orden de arresto de la CPI en julio de 2012.

Joseph Kony (Uganda)

Joseph Kony, comandante en jefe del Ejército de Resistencia del Señor (ERS), ha sido objeto de una orden de detención de la CPI desde julio de 2005. Es acusado de 12 cargos de crímenes de lesa humanidad y 21 cargos de crímenes de guerra por su supuesta participación en el ERS durante la insurgencia del grupo y las campañas guerrilleras en el norte de Uganda y los países vecinos. La búsqueda de Kony surgió en 2012 con el lanzamiento del documental titulado Kony 2012, que también presionó a Estados Unidos, Estado no parte a la CPI, a ayudar con la captura de Kony. Sin embargo, algunos temen que la campaña internacional alrededor de la captura de Kony pueda estar disminuyendo a medida que los EE.UU. reevalúa su presencia militar y financiera en África Central. Sin embargo, el ERS sigue siendo designado como una organización terrorista por los EE.UU.