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Turquía: Liberen a los activistas | Justicia para Mosul | Luz verde para las armas del RU en A. Saudita

La directora de Amnistía Internacional Turquía, Idil Eser, y otros nueve defensores de los derechos humanos siguen detenidos en Turquía. C: Amnistía
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Turquía: Sociedad civil condena detención de  defensores de DDHH

Mientras que la directora de Amnistía Internacional Turquía, Idil Eser y otros nueve defensores de los derechos humanos continúan detenidos en Turquía por supuestas sospechas de pertenecer a una organización armada, grupos de la sociedad civil de todo el mundo han unido sus fuerzas para exigir su liberación.

"Cada día que pasa, la demanda por la liberación de nuestros colegas crece y no será silenciada", prometió Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional. Human Rights Watch también se unió a este pedido, y criticó la detención incomunicada de los activistas, que habían estado asistiendo a un taller de capacitación de defensores de los derechos humanos en el momento de su detención, como "un nuevo nivel represivo del Estado turco".

Los 10 activistas, junto con dos asesores de seguridad informativa, fueron detenidos por la policía turca en un hotel de la isla de Büyükada en Estambul por un dato no especificado y su detención fue autorizada durante siete días con posibilidad de extensión. Una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el riesgo de que los detenidos pudieran sufrir tortura y otros abusos después de que un relator especial de la ONU "encontró evidencia de abusos generalizados” durante una visita al país el año pasado.

40 ONG nacionales e internacionales sumaron sus voces a la demanda por la liberación inmediata e incondicional de los presos, y emitieron una declaración conjunta publicada por la Organización Mundial contra la Tortura: "El trabajo relacionado con los derechos humanos no debe ser penalizado. El trabajo relacionado con los derechos humanos es una importante contribución a una sociedad sana. Realizar una reunión sobre derechos humanos no es una conspiración terrorista".

 

Mosul: La justicia es necesaria para una ciudad en ruinas

Un nuevo informe de Amnistía Internacional has ha destacado el daño devastador que ha tenido la batalla en el oeste de Mosul para los civiles allí atrapados que son utilizados como escudos humanos, y ha pedido una investigación sobre los crímenes cometidos por todas las partes del conflicto.

El lunes, las fuerzas iraquíes y la coalición liderada por EEUU para enfrentar al ISIS celebraron la culminación de una operación de 9 meses para echar al grupo militante de la ciudad de Mosul. Sin embargo, un comunicado de prensa de la Resolución Inherente de la Operación de la Fuerza de Conjunta Combinada elogió el "notable progreso contra el ISIS y los notables esfuerzos para salvaguardar vidas civiles". Un informe paralelo de Amnistía Internacional acusó a las fuerzas iraquíes y de la coalición de someter a la población de la ciudad a un "terrorífico bombardeo de armas que no deberían ser usadas en áreas civiles densamente pobladas".

Aunque en algunas partes de Mosul los residentes pueden comenzar a considerar la posibilidad de regresar y reconstruir sus vidas, se cree que hasta 3.000 civiles, incluyendo personas con discapacidad, ancianos y niños separados de sus familias, siguen atrapados en la zona.

"Los horrores que la gente de Mosul ha presenciado y el desprecio por la vida humana de todas las partes de este conflicto no deben quedar impunes", dijo Lynn Maalouf, Directora de Investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional, quien instó al rápido establecimiento de una comisión independiente para reconocer la magnitud de las muertes civiles e investigar posibles violaciones del derecho internacional humanitario. "Familias enteras han sido exterminadas, muchas de las cuales aún están enterradas bajo los escombros." El pueblo de Mosul merece saber, de parte de su gobierno, que se hará justicia y que habrá reparación para que el terrible impacto de esta operación sea debidamente resuelto."

Los desafíos a enfrentar fueron similarmente tratados por el jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien enfatizó la necesidad de una rendición de cuentas y reconciliación para avanzar e instó al gobierno iraquí a considerar convertirse en un Estado parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

"Las violaciones y los abusos deben estar plenamente documentados", dijo. "Las pruebas deben ser conservadas, esto incluye unas 70 fosas comunes descubiertas hasta la fecha, y se han aprobado reformas legislativas para que los acusados puedan ser juzgados en tribunales que cumplan con las normas internacionales y puedan rendir cuentas".

 

"Luz verde" para el comercio de armas del RU-Arabia Saudita

Un fallo de un tribunal británico que autoriza al gobierno a mantener los suministros de armas a Arabia Saudita ha dado un golpe decepcionante para los activistas que resultará en un "golpe mortal" para los civiles yemeníes, declaró Amnistía Internacional tras el veredicto.

"Este es un resultado profundamente decepcionante que da luz verde a las autoridades británicas y potencialmente a los otros proveedores de armas de Arabia Saudita para continuar autorizando las transferencias de armas al Reino, a pesar del claro riesgo de que sean utilizadas para cometer violaciones", dijo James Lynch, Jefe de control de armas y derechos humanos en Amnistía Internacional.

La Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT, por sus siglas en inglés), una organización con sede en el Reino Unido (RU), había instado una revisión judicial del plan del gobierno para continuar emitiendo licencias de exportación de armas al país de Medio Oriente, citando preocupaciones humanitarias y destacando la Ley de Control de Exportaciones del RU, que previene el otorgamiento de licencias cuando existe el riesgo de que se utilicen en contravención del derecho internacional humanitario. El principal argumento de la campaña fue que las fuerzas armadas de Arabia Saudita han utilizado las armas en el conflicto de Yemen, en el que al menos 10.000 civiles murieron a principios de año, según cifras de las Naciones Unidas

Sin embargo, a pesar de que existe "un cuerpo sustancial de evidencia" de varios organismos internacionales y ONG que atestiguan bombardeos de infraestructura civil en Yemen, los jueces del tribunal superior de Londres concluyeron que las transferencias de armas podrían continuar y señalaron las investigaciones sobre las acusaciones del gobierno saudí como prueba de los esfuerzos de este último para mejorar sus procesos de focalización.

En consecuencia, los activistas anunciaron planes para apelar el veredicto. Rosa Curling de Leigh Day, la firma de abogados que inició la acción legal en nombre de CAAT, declaró: "La ley es clara: donde hay un riesgo claro de que las armas del RU estén siendo utilizadas para la comisión de graves violaciones del derecho internacional, las ventas de armas no pueden seguir adelante. Esperamos con ansias que el tribunal de apelación considere el reclamo de la CAAT como una prioridad. Nuestro gobierno no debe permitirse ser cómplice en las graves violaciones de la ley cometidas por la coalición saudí en Yemen".

 

Investigaciones de la CPI

RCA: Un informe de Human Rights Watch (HRW) ha pedido a la CPI y al Tribunal Penal Especial que rompan el ciclo de impunidad en la RCA que ha permitido a los grupos armados continuar cometiendo presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

RDC: Un tribunal militar congoleño ha condenado a ocho soldados por matar a civiles en la región del Kasai, las sentencias resultantes incluyen dos períodos de 20 años, tres de 15 años, uno de 1 año y dos de cadena perpetua.

Uganda: El ex comandante del Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, regresó a la CPI el lunes después del receso de tres semanas del juicio.

Kenia: Las unidades políticas y legislativas reestructuradas, las posiciones competitivas y el número récord de candidatos que compiten han sido señalados como factores que contribuyen a que las elecciones de 2017 sean "las más interesantes hasta el momento".

Darfur, Sudán: El actor George Clooney ha opinado sobre las sanciones de Estados Unidos contra Sudán, y criticó a una firma de lobby estadounidense por aceptar representar a un país, cuyo jefe de Estado es sospechoso de la CPI, para intentar suspender dichas sanciones.

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Exámenes preliminares de la CPI

Irak: Un ex jefe del ejército iraquí ha lanzado una declaración bajo la Convención Europea de Derechos Humanos para que el ex primer ministro británico Tony Blair y varios otros políticos sean procesados por la participación del Reino Unido en la invasión de Irak.

Colombia: HRW ha expresado su preocupación por varios componentes de justicia del acuerdo de paz, incluyendo una disposición que da derechos políticos sin restricciones a las guerrillas de las Farc, incluso mientras cumplen condenas por crímenes de guerra.

Nigeria: La Asamblea Mundial Igbo ha anunciado su intención de presentar una comunicación en la CPI sobre un reciente aviso de desalojo a los Igbo residentes del norte de Nigeria.

Ucrania: Un panel de Advocacy Advisory, un miembro de la Coalición, ha presentado a la Fiscalía la evidencia aparente de la implicación de funcionarios rusos en los crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios de Ucrania durante las manifestaciones civiles de 2013.

 

Campaña por la justicia global

Las embajadas danesa y chipriota en los Países Bajos han colaborado para lanzar una campaña en los medios sociales para promover la universalidad del tratado fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma, en reconocimiento del Día de la Justicia Internacional.

En base a estudios de casos de todo el mundo, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos ha contribuido a elaborar un informe destinado a apoyar a la sociedad civil que protesta contra el acaparamiento de tierras y la degradación del medio ambiente.

¿CÓMO PUEDE LA CPI AYUDAR CON ESTOS DESAFÍOS GLOBALES?

El banco francés BNP Paribas ha sido acusado por tres ONG de complicidad en crímenes de guerra y genocidio en el genocidio ruandés de 1994 por haber aprobado una transferencia de 1,3 millones de dólares a un traficante de armas en contravención a un embargo de la ONU.

La CPI dictaminó que Sudáfrica no cumplió con sus obligaciones al no arrestar a Omar Al-Bashir en su visita al país, y confirmó, para Amnistía Internacional, que el presidente sudanés "no tiene inmunidad en su arresto".

LA SOCIEDAD CIVIL REACCIONA A LA DECISIÓN SUDAFRICANA

 

Alredador del mundo

Italia ha aprobado una ley que penaliza la tortura, aunque algunas organizaciones de la sociedad civil han criticado la definición de la ley como "restrictiva" y no totalmente conforme con el derecho internacional.

Human Rights First pidió al gobierno de Estados Unidos que tome medidas a la luz de los informes de ejecuciones sumarias y de una campaña de arresto y detención de hombres por su orientación sexual en Chechenia.

Informes preocupantes de los medios sobre redadas, detenciones masivas y  abusos a detenidos en varios campos de refugiados sirios por parte del ejército libanés, ha llevado al Centro Libanés de Derechos Humanos a solicitar una investigación del Ministerio de Defensa en cuatro casos de muerte bajo tortura.

 

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