La búsqueda de justicia en Irak y Afganistán
La búsqueda de justicia en Irak y Afganistán
La sociedad civil está pidiendo medidas firmes para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes más graves en Irak y Afganistán.
En un editorial de OpenDemocracy, el miembro de la Coalición REDRESS instó a la Fiscalía de la CPI a abrir una investigación completa sobre las denuncias de abusos de detenidos por las tropas británicas en Irak después de la invasión de 2003 ante la aparente renuencia del gobierno a investigar la situación nacionalmente.
"El Reino Unido cuenta con uno de los sistemas jurídicos más sólidos y reconocidos del mundo", declaró Carla Ferstman, directora de REDRESS. "Por lo tanto, sería difícil decir que las autoridades competentes del Reino Unido no están en condiciones de llevar a cabo una investigación o enjuiciamiento. Ciertamente están en condiciones de hacerlo. El problema es la intención y esta es la que está siendo seriamente cuestionada".
El principio de complementariedad de la CPI significa que esta sólo puede investigar si el Estado miembro en cuestión no está dispuesto o es realmente incapaz de hacerlo en primera instancia.
Si bien el Reino Unido es un Estado miembro de la CPI, Irak no lo es, lo que ha sido citado por la Fiscal de la CPI como un factor limitante en la jurisdicción de la Corte sobre otros posibles crímenes internacionales en el país.
Las organizaciones de la sociedad civil, incluida la Coalición Nacional Kurda por la CPI, han defendido desde hace mucho tiempo la adhesión de Irak al Estatuto de Roma de la CPI. Este pedido fue repetido recientemente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, tras las denuncias de muertes de civiles en la batalla por Mosul.
Human Rights Watch (HRW) expresó esta semana su consternación por el cierre de una investigación británica sobre el presunto asesinato de alrededor de 53 civiles por parte de las tropas de British Air Services (SAS) durante la presencia del Reino Unido en Afganistán.
Titulada "Operación Northmoor", esta investigación de la Policía Militar Real se inició en 2016 con la intención de continuar hasta 2021, pero en lugar de eso se detuvo en febrero de este año.
Según informes, una investigación separada sobre los presuntos abusos cometidos por las tropas de las fuerzas especiales australianas en Afganistán -incluida la muerte de dos niños- promete garantizar justicia por las posibles muertes de civiles en manos de las fuerzas de la coalición. Según HRW, se centra en la arraigada impunidad que a menudo impregna el mundo de élite de las fuerzas especiales "que operan con la creencia de que están por encima de la ley".
"Esta no es la primera vez que las autoridades del Reino Unido se han mostrado reacias a investigar y enjuiciar a figuras militares por crímenes de guerra", escribió la investigadora principal de HRW para Afganistán, Patricia Gossman. "Esperemos que Australia lo haga mejor e investigue de manera transparente todas las acusaciones de abusos y divulgue públicamente tales informes".
En 2007, la CPI anunció un examen preliminar en Afganistán para determinar si la conducta de todas las partes del conflicto después del 1 de mayo de 2003 -incluidas las fuerzas afganas, extranjeras y anti-gubernamentales- puede constituir crímenes de acuerdo con el Estatuto de Roma y justificar la apertura de una investigación completa de la CPI.
Aunque se pensó que sería inminente una decisión para noviembre de 2016, esta fue rechazada a principios de este mes después de que la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda recibiera nueva información "sustancial" del gobierno afgano.
El examen preliminar, que ya ha llegado a la conclusión de que existe una "base razonable" para afirmar que todas las partes han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, se encuentra actualmente en la fase de admisibilidad para determinar si se están llevando a cabo procedimientos penales nacionales genuinos sobre los mismos crímenes, de acuerdo con la Fiscal de la CPI.
Los activistas afganos de la sociedad civil han intensificado el pedido para que la CPI abra una investigación. Un miembro del Afghanistan Transitional Justice Coordination Group, Horia Mosadiq, comentó:
"Hemos sido testigos de la adopción de seis acuerdos de paz en los últimos 40 años, cada uno acompañado de amnistías generales para los perpetradores de los crímenes más atroces en nombre de la paz. Hoy no tenemos ni paz ni justicia para las miles de víctimas de las olas de represión y violencia en Afganistán, es tiempo de rendir cuentas por estos crímenes ".
Pedidos de justicia de África Central
A medida que la República Centroafricana (CAR) y Burundi siguen enfrentando violaciones de los derechos humanos, las Naciones Unidas y la sociedad civil han reiterado la necesidad urgente de llevar a todos los perpetradores de estos abusos ante la justicia.
El último informe de Human Rights Watch indica que cientos de personas han sido asesinadas y miles desplazados en la República Centroafricana, mientras que, según las organizaciones de derechos humanos, más de 1.200 personas han sido asesinadas ilegalmente en Burundi desde 2015. Los civiles - en particular los niños - son las principales víctimas de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento en grupos armados.
Si bien la justicia es necesaria, no está necesariamente disponible y aún existen desafíos en relación al acceso de las víctimas a la justicia y de los limitados recursos para la investigación. Si bien la investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra en el país sigue en curso, el Tribunal Penal Especial establecido en 2015 como medio complementario de rendición de cuentas aún no está operativa.
El Consejo de Seguridad ha hecho hincapié en la necesidad de poner en marcha el TPE, deplorando los ataques contra civiles y otras violaciones de derechos humanos por parte de grupos armados en el país.
"Venimos a decirles a las víctimas de crímenes mortales del país que nunca serán abandonadas por el sistema judicial internacional, que no es una ficción", dijo Touissaint Muntazini, fiscal de la Tribunal Penal Especial. "El tribunal fue creado para llevar justicia a la víctimas".
Mientras que aún continúan las violaciones de los derechos humanos en Burundi, dos años después del anuncio de la candidatura del Presidente Nkurunziza a un tercer mandato, nueve organizaciones locales de derechos humanos han instado a la Fiscal de la CPI a extender rápidamente el examen preliminar de la Corte a una investigación completa y responsabilizar a los autores.
En un nuevo informe, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se unió al pedido, destacando la necesidad de "enjuiciar a los principales responsables, prevenir otros crímenes y obtener justicia y reparación para las víctimas".
Investigaciones de la CPI
Darfur, Sudán: Mientras una ONG con sede en Ginebra ha acogido con beneplácito la decisión de Estados Unidos de extender el período de revisión del compromiso de Sudán con las acciones positivas antes de acordar levantar las sanciones económicas contra el país, la Fundación Rights For Peace ha pedido al gobierno sudanés que ponga fin a la discriminación racial contra Estudiantes de Darfur.
RDC: Al continuar su testimonio en la CPI, Bosco Ntaganda ha negado las acusaciones que apuntaban contra él por actuar como líder militar de facto de la milicia de la Unión de Patriotas Congoleses (UPC) y por matar él mismo a un sacerdote hace 15 años.
CAR: La Misión de Estabilización de la ONU en el país sigue siendo objeto de escrutinio mientras los ataques contra civiles, soldados de paz y trabajadores de ayuda humanitaria persisten en medio de un acuerdo de paz que se desentraña.
Costa de Marfil: Los jueces de la CPI han ordenado a la Sala de Primera Instancia I que lleve a cabo una nueva revisión sobre la decisión de liberar al ex Presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo de la detención, con o sin condiciones, y hasta entonces el Sr. Gbagbo deberá permanecer detenido.
Kenia: La Comisión Electoral Independiente y la Comisión de Límites se han pronunciado contra los incidentes de interferencia violenta con las campañas presidenciales antes de las elecciones de agosto.
Uganda: Como la defensa de Dominic Ongwen recusa el testimonio de testigos de los ataques del ERS a los campos de desplazados internos, el fuerte interés público en el caso ha llevado a la CPI a anunciar planes para facilitar proyecciones mensuales del juicio en Uganda.
¿cuáles son las opiniones de Ongwen sobre el terreno?
Exámenes Preliminares de la CPI
Colombia: Human Rights Watch ha presentado un amicus curiae ante la Corte Constitucional Colombiana destacando las preocupaciones sobre las deficiencias en el acuerdo de paz del país que según afirma "podría socavar la justicia por crímenes de guerra".
Nigeria: Mientras Boko Haram continúa su campaña de ataques a la infraestructura educativa, un comité de expertos de la ONU se reunió la semana pasada para revisar el registro del país sobre la protección de las escolares del secuestro y fomentar nuevas acciones.
Campaña por la Justicia Global
After being one of the first 60 countries to contribute to the entry into force of the Rome Statute, Botswana has domesticated the Statute, enabling it to have direct effect on its national laws after a bill to this effect received overwhelming support.
Un grupo de derechos humanos coreano ha producido un informe en el que se documentan 47 sitios de asesinatos masivos y entierros en masa en Corea del Norte con la esperanza de apoyar la rendición de cuentas y "futuros esfuerzos para instituir un proceso de justicia transicional".
Defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por los informes de una propuesta de EE.UU. para cerrar la oficina del Departamento de Estado encargado de combatir los crímenes de guerra, y lo identificaron como una potencial "gran pérdida para la rendición de cuentas". En un editorial para The Hill, David Scheffer, Clint Williamson y Stephen Rapp escribieron que cerrar la Oficina de Justicia Penal Global de los Estados Unidos debilita la lucha contra la impunidad.
A raíz de un "Grupo de Cerebros" que organizó el Global Justice Center con expertos legales en genocidio para discutir las formas en que las obligaciones legales de prevenir, suprimir y castigar el genocidio pueden conciliarse con las medidas antiterroristas contra Da'esh/ISIS, prestando especial atención los aspectos de género de este genocidio, el GJC junto con la Bar Human Rights Committee de Inglaterra y Gales realizaron una presentación ante la Fiscalía de la CPI el 7 de julio pidiendo abrir un examen preliminar sobre genocidio y otros crímenes cometidos por combatientes extranjeros de la Estado islámico de Irak y al-Sham/Gran Siria aka Da'esh.
Después de ser uno de los primeros 60 países en contribuir con la entrada en vigor del Estatuto de Roma, Botswana ha nacionalizado el Estatuto, lo que le permite tener efecto directo sobre sus leyes nacionales después de recibir un apoyo abrumador.
Alrededor del mundo
Sri Lanka ha sido criticada por su lento avance en el tratamiento de los crímenes de guerra, la tortura y la violación de los tamiles en el país, según un reciente informe del International Truth and Justice Project que denuncia que los abusos a los derechos humanos continuaron en 2017.
Mientras Rwanda se prepara para las elecciones presidenciales del próximo mes, un informe de Human Rights Watch ha acusado a las fuerzas de seguridad nacionales de conducir al menos 37 ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de delitos menores entre julio de 2016 y marzo de 2017.
Después de que los medios de comunicación internacionales tuvieran acceso al Estado de Rakhine, en el norte de Myanmar, han surgido múltiples testimonios de los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las operaciones de desalojo, a pesar de reiteradas negaciones del gobierno y el ejército.
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