La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI confirma los cargos contra Al Hassan

Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) han encontrado motivos suficientes para creer que el Sr. Al Hassan Ag Abdoal Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ha cometido crímenes en Malí y han enviado su caso a juicio.

El 30 de septiembre de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares I (SCP I) confirmó los cargos contra del Sr. Al Hassan por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en Timbuktu, Malí.

Esta decisión ha sido celebrada por muchas organizaciones de la sociedad civil.

“Espero que este caso encienda alguna luz y traiga la atención del mundo sobre la situación de Malí, donde mujeres y niños sufren terribles abusos y son víctimas de ataques sexuales, tortura y esclavitud”, expresó Mama Koite Doumbia, Presidente de la Coalición de Malí por la CPI (CCPI de Malí) al ser entrevistada por al Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI).

Moctar Mariko, Presidente de la Association Malienne des Droits de l'Homme (AMDH), también declaró que esta decisión “representa un importante paso en el procesamiento de algunos de los responsables de los serios crimenes cometidos en Malí, particularmente ahora que los procedimiento judiciales en Malí vinculados con la crisis se encuentran detenidos."

Se acusa al Sr. Al Hassan de estar involucrado en ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población civil como parte de los grupos armados Ansar Eddine / Al Qaeda del Maghreb Islámico, entre el 1° de abril de 2012 y el 28 de enero de 2013.

El Sr. Al Hassan también está acusado de cometer crímenes de guerra contra la población civil de Timbuktu durante un conflicto armado de carácter no-internacional entre abril de 2012 y enero de 2013.

Los presuntos crímenes incluyen persecusiones religiosas y basadas en el género, tortura, violación, escavitud sexual, matrimonio forzado, tratos crueles, ultrajes a la dignidad personal direccionando ataques directamente en contra de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, entre otros.

Este caso podría contribuir con el debate en torno a la resposabilidad por la violencia sexual y basada en el género – como en los casos de esclavitud sexual y matrimonio forzado. Esta no es la primera vez que los jueces de la CPI confirman un caso de “matrimonio forzado” como crimen de lesa humanidad. En el caso de Dominic Ongwen, los jueces de la CPI confirmaron cargos por matrimonio forzado bajo la categoría de “otros actos inhumanos” en contra del Sr. Ongwen.

Durante la audiencia de confirmación de cargos en julio de 2019, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda declaró que en Timbuktu “las mujeres y las niñas fueron llevadas a sus propias casas, abusadas, castigadas, golpeadas, recluídas y sujetas a castigos corporales por una variedad de razones: por no vestir ropas prohibidas por los grupos, por dar agua a un hombre, por no llevar guantes en el mercado para pagar y recibir dinero, y así continúa la lista”.

El caso Al Hassan, sin embargo, no ha estado excento de controversias.

La sentencia aún debe ser publicada. La Corte solo publicó una versión editada y expresó que la decisión completa será publicada más adelante. Las razones de este restraso son inciertas.

Es probable que el retraso en la publicación de esta decisión tanto en inglés como en francés, los lenguajes de trabajo de la CPI, afecte el derecho de las víctimas al acceso a la información. Las víctimas aún esperan saber de manera extacta qué han decidido los jueces de la CPI y cómo impactará esta decisión en sus derechos.

Además, el 18 de junio de 2019,  antes del comienzo de las audiencias de confirmación de cargos -que no es un juicio sino una audiencia pública, la defensa del Sr. Al Hassan solicitó la descalificación del Juez Marc Perrin de Brichambaut del caso. Denunciaron que el juez había participado en actividades profesionales que promovían los intereses militares y políticos de Francia.

Al comienzo de la audiencia de confirmación de cargos, el 8 de julio de 2019, la defensa solicitó la descalificación del juez Alapini-Gansou por cuestionar su participación del año 2012 en la misión de investigación de la Unión Africana sobre los crímenes presuntamente cometidos en Timbuktu.

El 11 de julio de 2019, la Defensa solicitó la remoción de los jueces de la SCP I de este caso y denunció varias violaciones al derecho de Al Hassan a un juicio justo. El 3 de julio y el 12 de septiembre el plenario de jueces rechazó todos los pedidos de descalificación presentados por Al Hassan.

A pesar de que la mayoría acordó en rechazar los pedidos de descalificación, una minoría de jueces consideró que un observador imparcial razonable “podría concluir con razón que la imagen de imparcialidad del juez Alapini-Gansou se vió afectada”.

Este y otros casos demuestran la importancia de que la CPI desarrolle su jurisprudencia y lleve a cabo sus prácticas de manera tal que reflejen el código de conducta y ética tanto de los jueces como de la Fiscal con el fin de garantizar y fortalecer la integridad de los procedimientos de la CPI.