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Hablando de justicia en la Asamblea General de la ONU

La Fiscal de la CPI se dirige a la Red Ministerial Informal por la CP en los márgenes de la 72° sesión de la AGNU. ICC-CPI
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La Asamblea General de la ONU del mes pasado contó con un gran apoyo de alto nivel al sistema de justicia internacional de la CPI. Muchos Estados pidieron una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para poder abarcar y prevenir de manera más eficiente las atrocidades.

La 72° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) tuvo lugar del 12 de septiembre al 25 de septiembre de 2017 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El debate general, que comenzó el 19 de septiembre, permitió a los líderes mundiales expresar sus puntos de vista sobre una variedad de temas.

Con respecto a Myanmar, muchos Estados eligieron a la AGNU como una plataforma para denunciar la violencia, descrita por el secretario general de la ONU Antonio Gutteres como una "limpieza étnica", contra la minoría rohingya, que exige mecanismos de rendición de cuentas para identificar y castigar a los perpetradores. La líder de facto Aung San Suu Kyi canceló sus planes de viajar a Nueva York para la Asamblea anual.

Con respecto a la situación en Siria, un gran número de Estados, incluidos Francia, Italia, Australia e Islandia, reiteraron la necesidad de determinar las responsabilidades de aquellos que desplegaron armas químicas contra civiles. El Vicepresidente de Botsuana afirmó su apoyo a la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional (CPI) para garantizar que los perpetradores de estos crímenes rindan cuentas.

La AGNU también fue una oportunidad para que los Estados pudieran reiterar su apoyo a la CPI y la expansión del sistema del Estatuto de Roma en la lucha contra la impunidad de manera más amplia. Muchos Estados, como Samoa, Eslovenia, Cabo Verde y Andorra, insistieron en el valor de la misión de la CPI y pidieron a la comunidad internacional que fortaleciera su apoyo al sistema respetando las enmiendas de Kampala y la activación de la jurisdicción de la Corte sobre la Crimen de agresión.

Francia y Nueva Zelanda también discutieron sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, destacaron la deficiencia del Consejo de Seguridad en la evaluación de las atrocidades masivas e insistieron en limitar el poder de veto ante ciertas situaciones. Andorra llegó incluso a sugerir que se permitiera a la CPI actuar de oficio en los casos más graves sin la necesidad de ser activado por el Consejo de Seguridad.

La reunión anual de la Red Ministerial Informal por la CPI se llevó a cabo al margen de la AGNU. Sus miembros aprovecharon la oportunidad para comprometerse formalmente a transmitir la universalidad a través de medios diplomáticos y ocasiones como el 20° aniversario del Estatuto de Roma en 2018.

En una declaración, los gobiernos reiteraron su fuerte apoyo político a la Corte Penal Internacional en una mesa de debate con la Fiscal de la CPI, la Sra. Fatou Bensouda. Los miembros destacaron la importancia del sistema de justicia penal internacional -con la CPI como su pieza central- con el objetivo de garantizar que los perpetradores de los peores crímenes bajo el derecho internacional rindan cuentas. En este sentido, subrayaron el principio de complementariedad y la responsabilidad primordial de los Estados de cerrar la brecha de la impunidad.

En el transcurso de la sesión de la Asamblea de este año se celebraron varios eventos paralelos sobre justicia internacional, como el panel de debate sobre el crimen de agresión, la construcción de la base de la justicia en el conflicto sirio y una mejora de la acción del Consejo de Seguridad en la tarea de poner fin y prevenir las atrocidades masivas.

Un pedido para reforzar la paz

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