Salven a la CPI y al Estado de Derecho

Fuentes confiables indican que Estados Unidos (EE. UU.) planea sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución en las próximas semanas. Esta decisión sigue a una serie de designaciones, primero contra el Fiscal de la CPI, los Fiscales Adjuntos, jueces y juezas, ONGs palestinas, y también contra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio Palestino Ocupado. Ahora es el momento para que los Estados, la sociedad civil, académicos/as, periodistas y todas las personas comprometidas con la justicia internacional y el estado de derecho se levanten y hagan todo lo posible para defender a la Corte y a las organizaciones que apoyan su labor.

La sociedad civil de todo el mundo llama urgentemente a los Estados Partes del Estatuto de Roma a hacer todo lo que esté en su poder para detener las sanciones propuestas por EE. UU. contra la CPI, una institución judicial independiente con el mandato de enfrentar la impunidad por los crímenes más graves conocidos por la humanidad. Las sanciones contra la CPI, adoptadas unilateralmente por un Estado no Parte, constituyen un ataque frontal contra un tribunal global respaldado por 125 Estados Partes y del que depende la comunidad internacional para garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces. Tales sanciones dejarían a innumerables víctimas abandonadas, al obstruir su último recurso de justicia, al instrumentalizar el sistema financiero mundial para asfixiar el trabajo de la Corte y al afianzar dobles raseros donde el poder y la política dictan qué víctimas y sobrevivientes merecen justicia.

Sancionar a la CPI marcaría un punto de inflexión peligroso en la historia de la justicia internacional, transformando un sistema diseñado para responsabilizar a los más poderosos por crímenes de atrocidad en uno que, en cambio, los protege. Implica retroceder de un arduo progreso hacia un orden basado en normas, a un mundo donde prevalece la fuerza sobre el derecho. Un sistema de justicia internacional construido durante décadas podría sufrir un daño irreparable frente a presiones externas destinadas a influir indebidamente en el curso de la justicia. Es una afrenta total al estado de derecho con repercusiones devastadoras para la justicia en todas partes: si la CPI puede ser manipulada mediante coerción financiera, ningún tribunal ni mecanismo de rendición de cuentas está a salvo en ningún país o región.

Sancionar a la CPI como institución podría coartar la capacidad de la Corte para funcionar, incluyendo su acceso a financiamiento de bancos y Estados, y bloquear servicios esenciales necesarios para mantenerla operativa. El control estadounidense sobre el sistema financiero mundial asegura que el simple anuncio de sanciones tenga efectos mucho más allá de Washington, ya que bancos, aseguradoras y proveedores de servicios no estadounidenses a menudo ejercen acciones de sobrecumplimiento por miedo a ser ellos mismos sancionados, bloqueando incluso transacciones básicas. Sin fondos, la Corte corre el riesgo de no poder mantener las luces encendidas, pagar a su personal, proteger sus datos, resguardar a los/las testigos que apoyan su labor, financiar la asistencia legal de víctimas y personas acusadas, y mucho menos otorgar reparaciones a las víctimas. Se amenaza el núcleo de sus funciones, incluida la detención de sospechosos. Logros arduamente obtenidos, como la reciente detención y entrega del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte y el arresto en Alemania del sospechoso libio Khaled Mohamed Ali El Hishri, podrían perderse. Investigaciones en curso sobre crímenes internacionales en otras situaciones podrían quedar estancadas o abandonadas indefinidamente, dejando a las víctimas en todo el mundo sin acceso a justicia.

Si las sanciones dejan a la Corte inoperante, no habrá vuelta atrás. Habríamos perdido para siempre una de las instituciones más relevantes del siglo pasado. La comunidad internacional no puede permitir que esto suceda.

Hacemos un llamado urgente a los Estados Partes de la CPI a proteger a la Corte y al Estado de Derecho:

• Rechacen pública y firmemente las sanciones contra la CPI como institución, su personal y funcionarios, así como contra las organizaciones e individuos que apoyan su labor.

• Entablen compromisos bilaterales con la Administración estadounidense para impedir designaciones contra la CPI como institución, su personal y funcionarios, así como contra las organizaciones e individuos que apoyan su labor.

• Adopten medidas de bloqueo nacionales y regionales, incluida la aplicación del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea (Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo), para demostrar solidaridad y proteger a individuos y entidades del impacto de las sanciones, y blindar a las empresas en sus respectivos territorios para que puedan seguir trabajando con la CPI, su personal y funcionarios, y con la sociedad civil que apoya a la Corte.

• Protejan a los proveedores de servicios garantizando así que puedan brindar servicios a la CPI y a las organizaciones que apoyan su labor sea legal y esté resguardado.

• Desarrollen alternativas prácticas a la red bancaria de transacciones en dólares estadounidenses que se liquidan a través del sistema financiero de EE. UU., para que la Corte y sus partidarios puedan seguir financiando su trabajo esencial.

• Proporcionen directrices y creen salvaguardas legales para evitar que bancos y proveedores de servicios no estadounidenses sobrecumplan ante amenazas de sanciones estadounidenses.

• Cumplan con sus obligaciones legales en virtud del Estatuto de Roma, incluyendo las contribuciones financieras al presupuesto anual de la Corte, un firme respaldo político a su independencia y funcionamiento continuo, la cooperación con la Corte, en particular en lo relativo a la detención y entrega de sospechosos, y resistencia ante cualquier presión para desvincularse como respuesta a sanciones.

Se invita a las organizaciones de la sociedad civil y personas que deseen firmar esta declaración a hacer click aquí

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