En defensa de la justicia: Un llamamiento a rechazar la campaña de los Estados Unidos contra la CPI
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) fuertemente condena la última campaña del Gobierno de los Estados Unidos contra la CPI. El 13 de julio de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una nueva campaña para “desmantelar” e “inutilizar sistemáticamente” la capacidad operativa de la CPI. Las medidas coercitivas enumeradas en esta nueva campaña incluyen presión y amenazas diplomáticas, presión financiera, sanciones adicionales contra la Corte y organizaciones afiliadas, revocaciones de visados e intentos de persuadir a los Estados parte para que retiren su apoyo a la Corte.
Los Estados parte del Estatuto de Roma deben reafirmar con firmeza su compromiso inquebrantable con la independencia, la imparcialidad y el mandato de la CPI ante estas nuevas amenazas.
La CPI se creó para garantizar que los autores de los delitos internacionales más graves, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión, no puedan actuar con impunidad. Durante más de dos décadas, la CPI ha servido como tribunal de última instancia para millones de víctimas, entre ellas las de Filipinas, Palestina, Sudán, Libia, Ucrania, Malí, Myanmar, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Cientos de miles de víctimas de los crímenes más atroces también pueden recibir reparaciones a través del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas en países donde la Corte ha ordenado reparaciones, entre ellos Uganda, la República Democrática del Congo, Darfur y Malí. Como menciona la jueza Ibáñez de la CPI en el informe de la CCPI «sobre las sanciones de EE. UU., “nuestro “delito” es impartir justicia dentro de un marco jurídico a las víctimas más indefensas de todo el mundo”.
Esta nueva oleada de ataques se produce tras la aprobación, en febrero de 2025, del Decreto Ejecutivo 14203, “Imposición de sanciones a la CPI”. Dicho decreto dio lugar a la imposición de sanciones al fiscal y a dos fiscales adjuntos, a ocho jueces, a tres organizaciones palestinas de derechos humanos y a un relator especial de la ONU. Las personas objeto de estos ataques no se han dejado intimidar y han continuado valientemente con su labor; algunas han contraatacado, con un amplio apoyo de la sociedad civil, mediante acciones judiciales contra las sanciones ya impuestas.
La CCPI rechaza estos intentos de desmantelar la CPI y las organizaciones de la sociedad civil que apoyan su labor. “La jurisdicción, los procedimientos y las normas de la CPI están claramente definidos en el Estatuto de Roma. Los desacuerdos con las decisiones de la Corte solo pueden abordarse por vías legales, no mediante coacción, sanciones y otros intentos de paralizar una institución judicial independiente y las organizaciones que cooperan con ella”, subraya Alison Smith, directora ejecutiva de la CCPI.
La CPI se creó porque la comunidad internacional reconoció que la rendición de cuentas por los delitos más graves es esencial para una paz duradera y para la prevención de futuras atrocidades. Las medidas coercitivas destinadas a intimidar a la Corte, a las organizaciones de la sociedad civil y a los Estados Partes socavan el compromiso compartido con la justicia y los derechos de las víctimas en todo el mundo.
La Coalición por la Corte Penal Internacional se solidariza con la Corte, sus funcionarios, las organizaciones de la sociedad civil que apoyan su labor y todas aquellas personas que trabajan para garantizar la justicia a las víctimas de los crímenes más graves del mundo. Seguimos comprometidos con la defensa de la independencia de la CPI y la integridad del sistema del Estatuto de Roma. “La Corte, las organizaciones y personas sancionadas, y la sociedad civil continúan con determinación su labor”, prosiguió Smith. “Como guardianes de la Corte, los Estados Partes de la CPI deben hacer lo mismo: eso significa tanto rechazar esta campaña como continuar con su supervisión y orientación no judiciales de la Corte sin prestar atención a estas amenazas más recientes”.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deben:
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Oponerse pública y claramente a cualquier iniciativa destinada a debilitar a la Corte y a los intentos de influir en las prioridades de la Fiscalía, incluidos los esfuerzos por dejar de lado situaciones concretas, como las de Afganistán o Palestina.
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Rechazar enérgicamente cualquier intento de presionar a los Estados para que se retiren del Estatuto de Roma o de impedir nuevas ratificaciones.
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Seguir colaborando de forma bilateral con la Administración de los Estados Unidos para pedir la revocación de las sanciones existentes y evitar nuevas designaciones dirigidas contra la CPI, su personal, la ONU, los socios de la sociedad civil u otras personas que cooperen con la Corte.
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Adoptar y aplicar de inmediato la legislación nacional y regional de bloqueo para impedir el impacto extraterritorial de las sanciones. En el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea debería activar de inmediato el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea (Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo).
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Proporcionar seguridad jurídica y protección a los proveedores de servicios adoptando una postura jurídica clara y de dominio público, mediante cartas o declaraciones escritas, sobre la no aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses en operaciones que no incluyan un nexo con los EE. UU., y colaborar de forma proactiva con los proveedores de servicios para garantizar que sigan prestando servicios a las personas afectadas.
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Seguir cooperando plenamente con la Corte, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del Estatuto de Roma.
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Adoptar medidas concretas para mitigar el perjuicio causado a las organizaciones de la sociedad civil que han perdido fondos o corren el riesgo de perderlos debido a las sanciones impuestas por la Administración de los EE. UU.
