Las sanciones institucionales contra la CPI agravan la ofensiva sin precedentes contra la justicia internacional

Hoy, la Administración de los Estados Unidos ha anunciado la designación de la Corte Penal Internacional como institución en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14203, «Imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional».

“Las sanciones tienen por objeto impedir el acceso a la justicia mediante el aislamiento de la Corte, la interrupción de sus actividades y la disuasión de quienes colaboran con ella. Sin embargo, sus consecuencias van mucho más allá de la propia institución: a pesar de la resiliencia de las personas afectadas, las sanciones amenazan el acceso a la justicia de las víctimas y los sobrevivientes de los delitos más graves del mundo. Los Estados Partes no pueden permitir que las medidas coercitivas impuestas por un Estado que no es Parte del Estatuto de Roma determinen si las víctimas pueden o no acceder a la justicia”, afirma Alison Smith, directora ejecutiva de la CCPI. 

Una campaña siempre más intensa contra la justicia internacional 

Las sanciones institucionales contra la CPI forman parte de una campaña más amplia. Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha ampliado progresivamente las sanciones contra los funcionarios de la CPI y contra quienes colaboran en apoyo del mandato de la Corte. Jueces, fiscales y personal de la Corte han sido objeto de sanciones, al igual que tres organizaciones palestinas de derechos humanos y una Relatora Especial de la ONU. 

El 13 de julio de 2026, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció una nueva “respuesta de todo el Gobierno para desmantelar sistemáticamente” la capacidad operativa de la CPI. Entre las medidas coercitivas contempladas en esta campaña figuran nuevas sanciones contra la Corte y organizaciones afiliadas, la revocación de visados y presiones diplomáticas para instar a los Estados Partes a retirarse del Estatuto de Roma y dejar de cooperar con la Corte, incluso mediante amenazas de retirar la asistencia exterior y en materia de seguridad a los Estados Partes. Se ha informado de que las retiradas de Chad y Venezuela están relacionadas con una solicitud de EE. UU. para que reconsideren su adhesión al Estatuto de Roma. El objetivo declarado de esta campaña es proteger a ciudadanos estadounidenses y a sus aliados, entre ellos Israel, de las investigaciones y los procesos penales de la CPI. 

En conjunto, estos acontecimientos amenazan con normalizar la coerción política y económica contra las instituciones de justicia independientes y quienes colaboran con ellas. Corren el riesgo de crear un sistema en el que el acceso a la justicia no dependa de las leyes, sino de la capacidad de las instituciones judiciales y de quienes las apoyan para resistir las presiones políticas y financieras externas. 

El impacto de las sanciones más allá de los EE. UU.: una amenaza para la justicia y la soberanía de los Estados 

Las sanciones tienen un alcance que va mucho más allá de aquellos a quienes se dirigen formalmente. Tal y como documentó la Coalición en "Criminalizando la rendición de cuentas: la guerra jurídica de EE. UU. contra el sistema de justicia internacional", las medidas dirigidas contra un número limitado de personas y organizaciones pueden producir un efecto disuasorio mucho más amplio en todo el sistema del Estatuto de Roma, lo que, en última instancia, afecta a las víctimas y los supervivientes que buscan justicia.  

Las sanciones institucionales contra la CPI magnifican los riesgos y las consecuencias identificados en Criminalising Accountability hasta un nivel completamente diferente. Podrían perturbar los servicios básicos y la infraestructura de los que depende la CPI, disuadir la cooperación con la Corte y limitar aún más la capacidad de las víctimas y los supervivientes para acceder a la justicia y a las reparaciones. 

La independencia de la Corte, así como la capacidad de las víctimas para buscar justicia ante ella, no pueden depender de si los bancos, las empresas tecnológicas, los proveedores de servicios y otros actores privados están dispuestos o son capaces de asumir los riesgos que generan las sanciones. Los Estados Partes deben actuar de forma colectiva y decidida para garantizar que la Corte pueda seguir funcionando de manera independiente y que quienes buscan, imparten y apoyan la justicia puedan hacerlo sin temor a la intimidación, las represalias o las sanciones, en particular activando de inmediato las legislaciones de bloqueo. 

“En este contexto de ataque sin precedentes contra la Corte, el Estado de Derecho y las víctimas, la Comisión Europea debería activar inmediatamente el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea y enviar un mensaje claro de que estas sanciones ilegales no serán aplicadas de forma extraterritorial por los proveedores de servicios de la UE. Las palabras de solidaridad no bastan,” afirma Zoé Paris, coordinadora de incidencia de la CCPI. 

La inacción ya no es una opción: la comunidad internacional debe actuar ahora 

Este momento exige algo más que expresiones de preocupación: los 125 Estados Partes que crearon la CPI tienen la responsabilidad colectiva de salvaguardar su independencia y su funcionamiento efectivo, así como de proteger la integridad del sistema del Estatuto de Roma. 

Por lo tanto, la Coalición insta a los Estados Partes y las organizaciones regionales a: 

• Condenar pública e inequívocamente las sanciones contra la CPI y quienes cooperan con ella, exigiendo su revocación inmediata. 

• Activar y aplicar de inmediato medidas de bloqueo, incluido el Estatuto de Bloqueo de la UE y la legislación nacional equivalente, para proteger a la Corte, a su personal, sus activos y sus socios de los efectos extraterritoriales de las sanciones de los EE. UU.  

• Garantizar el acceso continuado a los servicios esenciales, incluidos los servicios bancarios, de pagos, de seguros, informáticos y digitales, y adoptar las medidas legales y reglamentarias necesarias para evitar el “sobre cumplimiento” y la “reducción de riesgos” por parte de los proveedores de servicios. 

• Proporcionar orientación jurídica clara a los bancos y proveedores de servicios en el sentido de que las sanciones de los EE. UU. no deben aplicarse de forma extraterritorial cuando no exista ningún vínculo con los EE. UU., y garantizar alternativas resilientes no estadounidenses cuando sea necesario.  

• Cumplir plenamente todas las obligaciones del Estatuto de Roma, incluida la financiación de la Corte y del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, la cooperación en las investigaciones y la ejecución de las solicitudes de detención y entrega sin excepción, demora ni selectividad. 

• Rechazar toda coacción política y económica destinada a influir en la Corte o en el sistema del Estatuto de Roma, incluidos los intentos de influir en las votaciones en la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, incluidas las elecciones judiciales de 2026, en las prioridades de la Fiscalía, en las decisiones de cooperación o en la jurisdicción de la Corte. 

• Fomentar la resiliencia colectiva y a largo plazo, incluyendo infraestructuras financieras y digitales alternativas, la protección coordinada de las personas y organizaciones sancionadas, y el apoyo jurídico, diplomático y financiero a todas aquellas personas que sean objeto de represalias por su labor en favor de la justicia. 

• Encontrar medidas concretas para mitigar el impacto de las sanciones en las organizaciones de la sociedad civil, incluida la pérdida de financiación, y garantizar, mediante medidas concretas, que las organizaciones de la sociedad civil no vean coartada ni limitada su libertad de expresión y de asociación a causa de las sanciones.