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El 8 de agosto, los keniatas se acercaron a las urnas para elegir un nuevo presidente. A pesar de que no se han repetido los brotes de violencia de las elecciones de 2007-8 que llevaron a varios políticos de alto nivel a la CPI, se ha informado de varios intentos para hacer fracasar el proceso electoral en el país. Los defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, blogueros y ahora también uno de los candidatos han sido señalados. Más allá de los resultados, el próximo presidente de Kenia debe hacer todo lo necesario para garantizar la defensa de los defensores de los derechos humanos, asegurar una elección justa y libre y hacer justicia ante los abusos de derechos humanos.

Desde el lanzamiento de las campañas presidenciales de 2017 en el mes de abril entre el actual presidente Uhuru Kenyatta y el líder de la oposición Raila Odinga, la violencia política que ha acompañado a las elecciones desde el fin del sistema de un sólo partido en Kenia en 1991 ha surgido nuevamente.

Las primarias del partido eran violentas y los abusos de derechos desenfrenados.

A fines del mes de julio, Chris Msando, jefe de información, comunicación y tecnología de la comisión electoral, fue encontrado muerto. El presidente de la Comisión, Wafula Chebukati, expresó que no había dudas de que Msando “fue torturado y asesinado.”

"Es importante que las agencias de seguridad aceleren las investigaciones como una cuestión de extrema urgencia", dijo John Githongo, un prominente activista contra la corrupción, durante una marcha de unos 25 manifestantes". "El momento elegido para su tortura y su asesinato sirve para socavar al organismo de administración de la elección de Kenia", agregó, mientras el grupo cantaba y sostenía pancartas que denunciaban el asesinato

El 29 de julio, un hombre armado hirió a un guardia de policía y entró ilegalmente a la casa del vicepresidente de Kenia William Ruto.

La confianza pública en varias instituciones designadas para calmar las tensiones políticas es cada vez menor.

Los defensores de los derechos humanos, incluso aquellos qe trabajan en la justicia internacional, han promovido ampliamente la protección de la integridad de la elección presidencial de Kenia y la prevención de la violencia recurrente. 

 

¿Los defensores de derechos humanos en la mira de forma automática?

El organismo oficial de derechos de Kenia ha informado que las fuerzas de seguridad de Kenia llevaron a cabo 25 ejecuciones extrajudiciales entre 2013 y 2015.

Mientras tanto, Amnistía Internacional lista más de 300 casos de personas que han desaparecido en manos de agencias de seguridad en 2009. Muchos fueron encontrados muertos más tarde.

Según el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre las elecciones de Kenia de 2017, Kenyatta ha atacado a varios grupos vulnerables y marginados desde que asumió el poder en 2013.

Entre los métodos denunciados se incluyen la incitación a la violencia policial y otras violaciones de los derechos humanos. Los grupos específicos han incluido comunidades locales marginadas, como las mujeres defensoras de los derechos humanos; lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales; activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente; blogueros y periodistas.

Los intentos de los defensores de los derechos humanos de responsabilizar a los funcionarios públicos kenianos por las violaciones de los derechos humanos han resultado en hostigamientos, silenciamientos y estigmatización por parte del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a menudo mediante juicios excesivamente largos, cargos falsos y detenciones indefinidas.

Las represalias contra los defensores de la justicia internacional también se han vuelto mortales.

En junio de 2016, Willie Kimani, representante keniano de la Misión de Justicia Internacional, Right Promotion Protection y la Sociedad de Abogados de Kenia, fue torturado y asesinado por las fuerzas policiales. Su muerte provocó protestas a nivel nacional contra las ejecuciones extrajudiciales y la violencia policial - ambas de las cuales pueden constituir crímenes del Estatuto de Roma.

 

Defensores de los derechos humanos y periodistas: Construyendo un camino conjunto hacia la paz y la justicia

Los defensores de los derechos humanos y los actores clave que dedican sus vidas para exponer los abusos de derechos humanos han preparado el camino para lograr medios libres e independientes. Sin embargo, estos suelen estar bajo la lupa por exigir al gobierno respetar las obligaciones de derechos humanos constitucionales e internacionales con el fin de proteger la libertad de expresión y la libertad de los medios.

Human Rights Watch y Article 19 Eastern Africa, una organización sin fines de lucro que promueve el derecho humano básico de la libertad de expresión y el acceso a la información, se unieron para informar sobre los abusos a periodistas y otros actores sobre el terreno durante los preparativos para las elecciones generales de 2017.

El informe encontró que los defensores de los derechos humanos se convirtieron en objetivos de persecución en 2013 cuando Kenyatta asumió el cargo, y documentó 17 incidentes en los que 23 periodistas y blogueros fueron agredidos físicamente entre 2013 y 2017 por individuos que estarían alineados con funcionarios gubernamentales; y 16 incidentes por amenazas de muerte directas contra periodistas y blogueros en todo el país entre 2013 y 2017

La Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC), en conjunto con Kura Yangu, Sauti Yangu (KYSY), un movimiento ciudadano organizado por varias organizaciones de la sociedad civil, publicó su informe titulado "El Camino a las Elecciones Creíbles de 2017" en junio. Según el informe, unas "elecciones creíbles son el mejor garante de la paz", y una pérdida de credibilidad sólo puede solucionarse funcionando de manera abierta y transparente.

El informe del KHRC pide al gobierno que no sólo lleve ante la justicia a los responsables de la violencia, independientemente de su título o rango, para poner fin a los ciclos de impunidad, sino también crear espacios seguros para el diálogo y el debate.

Los ataques dirigidos contra los defensores de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil que trabajan hacia un sistema electoral justo y elecciones creíbles afectan directamente la capacidad de Kenia de prometer a sus ciudadanos una paz que puede durar más allá de los términos presidenciales.

La existencia de una sociedad civil activa y sin trabas es vital para asegurar un proceso electoral justo y un proceso político verdaderamente pacífico.

Cerca de las elecciones, los defensores de los derechos humanos, incluidos los miembros de la Coalición, seguirán luchando por lograr elecciones legítimas y creíbles y llevar justicia por las atrocidades como un paso necesario hacia un futuro pacífico en el país.

 

Elecciones del 8 de agosto: qué podemos esperar de ellas

Reuters informó esta semana que la carrera por la presidencia está muy peleada: el líder de la oposición Raila Odinga cuenta con el 49% de los votantes en comparación con el 48% del presidente Uhuru Kenyatta, de acuerdo con una encuesta realizada a 5.000 keniatas en 47 condados el martes por Infotrak Research and Consulting.

Murithi Mutiga del International Crisis Group escribió que "en 2007, la violencia generalizada fue un shock virtualmente para todos los observadores. Esta vez, el país está mejor preparado; hubo más esfuerzos de las fuerzas de seguridad, la sociedad civil y la comunidad económica para intentar evitar la crisis

"Las misiones diplomáticas y observadoras se han dirigido a los dos principales candidatos, pidiéndoles que firmen un pacto de paz para comprometerse a renunciar a la violencia, adherir al código electoral de conducta, aceptar el deseo de las personas en una votación justa y creíble y cuestionando los resultados que no los favorezcan a través del sistema de justicia."

 

Antecedentes: La CPI y los fantasmas de elecciones pasadas

Kenia ha sufrido violencia en las elecciones generales desde la restitución de un sistema multipartidista en 1992. En 2007, en medio de acusaciones de fraude electoral cometido por ambas partes, Kenia experimentó la peor violencia étnica desencadenada políticamente desde su independencia en 1964.

Al menos 1.300 personas murieron y más de 600.000 fueron desplazadas. Después de la elección impugnada, un gobierno de coalición fue establecido con ambos candidatos a través de un acuerdo de poder compartido. También se creó una Comisión de investigación sobre la violencia postelectoral (CIPEV), más tarde conocida como la Comisión Waki. Al mismo tiempo, la Corte Penal Internacional (CCI) comenzó su propio examen preliminar sobre la violencia postelectoral.

En su informe, la Comisión Waki presentó recomendaciones al gobierno de Kenia, que incluían el establecimiento de un tribunal especial integrado por jueces nacionales e internacionales encargados de investigar y perseguir a los autores de actos de violencia postelectoral, de conformidad con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma.

El informe Waki declaró que si ese tribunal no se establecía en el plazo de seis meses, la información recopilada por la Comisión sería transmitida a la CPI. En 2009, el Fiscal de la CPI recibió documentos y materiales de apoyo de la Comisión, incluyendo un sobre sellado con una lista de sospechosos de la violencia postelectoral. Entre los nombrados estaba Uhuru Kenyatta, presidente en funciones desde 2013 y candidato en las elecciones de este año. Kenyatta fue acusado oficialmente de cinco cargos de crímenes de lesa humanidad por su presunta participación, pero estos cargos fueron finalmente retirados debido a pruebas insuficientes.

Investigación de Kenia ante la CPI

 

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