En el Tribunal: Puntos claves del receso de verano de la CPI
Ntaganda: La estrategia de la defensa toma un papel central
La defensa de Bosco Ntaganda comenzó el 29 de mayo después de que la Fiscalía y los representantes de las víctimas terminaran de presentar sus respectivos casos. Ntaganda está acusado de cinco cargos por crímenes de lesa humanidad y trece cargos por crímenes de guerra presuntamente cometidos en la región de Ituri, en el este de la RDC, mientras era jefe militar adjunto del grupo rebelde Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC).
En abril, la CPI había rechazado la solicitud de Ntaganda de suspender el procedimiento, donde se alegaba que ya no era posible garantizar un juicio justo debido a la investigación simultánea del Fiscal sobre los delitos del artículo 70 contra la administración de justicia. Sin embargo, los jueces prohibieron el uso de las pruebas recopiladas en el contexto del artículo 70 sin su autorización.
Los jueces también rechazaron en junio una solicitud de la defensa para terminar el caso de forma anticipada debido a la debilidad del caso de la Fiscalía, permitieron a Ntaganda apelar la decisión, pero rechazaron su pedido para detener el juicio mientras esto se resolvía.
El día después del inicio del testimonio de Ntaganda, la Cámara de Apelaciones resolvió un problema de larga data en el caso y confirmó que el ex jefe adjunto del personal del FPLC podría ser juzgado en la CPI por cargos de violación y esclavitud sexual de miembros de sus propias fuerzas.
En las primeras etapas de su testimonio, Ntaganda afirmó que la milicia Unión de Patriotas Congoleños, en la cual él era comandante superior, rechazó a los reclutas menores de edad, y sostuvo que los campos de entrenamiento aplicaban políticas de control, como exámenes visuales y la asignación de pequeñas tareas. No mencionó qué edad se consideraba aceptable para el reclutamiento en la milicia.
A Ntaganda se le ha permitió declarar durante seis semanas y continuará su testimonio después del receso judicial.
Ongwen: El caso de la Fiscalía toma forma con los testimonios de los testigos
Después de comenzar realmente en enero de 2017, el juicio contra el ex comandante del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) Dominic Ongwen (70 cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el norte de Uganda) llegó al corazón del caso antes del receso de verano de la Corte cuando numerosos testigos se presentaron en La Haya y a través de video-conferencia.
Una testigo habló sobre sus deberes como niñera asignados poco después de su secuestro por el ERS. Según la testigo, quien debía cuidar a los niños cada vez que la unidad cambiaba de ubicación, ella fue violada por un luchador de Ongwen a los 13 años, y testificó que luego de este evento ella se convirtió en la esposa del hombre. Un ex oficial de inteligencia del ERS les dijo a los jueces que Ongwen estaba a cargo de "distribuir" a las niñas y mujeres secuestradas entre los combatientes veteranos.
Otro testigo dijo a la Corte que también se secuestraron adultos que fueron utilizados para transportar el botín de los saqueos, mientras que los menores secuestrados fueron los más utilizados para matar a quienes intentaban escapar.
En junio, un sobreviviente de un ataque del ERS al campo de desplazados internos de Lukodi testificó que los soldados ugandeses asignados para protegerlos huyeron cuando los rebeldes atacaron, y agregaron que los soldados sólo persiguieron a los rebeldes a la mañana siguiente y no la interrogaron al estar hospitalizado después del ataque. Otro testigo más tarde testificó que la milicia que custodiaba el campamento de desplazados internos de Abok tampoco pudo enfrentar al ERS durante un ataque.
Un jefe Acholi relató una reunión con Ongwen antes del ataque al campamento de desplazados internos de Pajule, para negociar la paz entre el ERS y las fuerzas gubernamentales. El jefe Acholi testificó que el gobierno y los soldados del ERS le dispararon a él y a otros líderes tradicionales que intentaban negociar la paz, mientras que la defensa sugirió que el jefe podría haber sido un colaborador del ERS.
Un ex secuestrado del ERS que afirma haber escapado del grupo rebelde después de un año y nueve meses testificó que recibe insultos en su comunidad y que le resulta muy difícil reanudar la escuela. El testigo agregó que antiguos combatientes del ERS de una clínica de rehabilitación le aconsejaron que mintiera sobre la duración de su servicio en el ERS para extender el tratamiento.
Antes del receso de verano de la CPI en julio, la Corte recibió a un ex combatiente convertido en testigo que declaró que el grupo de Ongwen fue uno de los tres grupos que atacaron el campamento de desplazados internos Pajule en 2003, y que el mismo grupo secuestró civiles y saqueó el centro comercial. Otro testigo, a pesar de que la defensa apeló su declaración, describió su participación en supuestos ataques dirigidos por Ongwen contra los campamentos de desplazados internos de Odek y Abok, y afirmó que el objetivo del ataque Odek era específicamente reponer suministros de alimentos agotados.
Gbagbo & Blé Goudé: (Re)evaluando derechos procesales y de la defensa
En los meses previos al receso de verano de la Corte, los jueces estuvieron ocupados en importantes cuestiones de procedimiento en el caso contra el ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y el ex líder juvenil Charles Blé Goudé. Ambos están siendo enjuiciados en la CPI por sus roles en un presunto plan común para consolidar el poder después de la derrota de Gbagbo en las elecciones presidenciales de 2010.
En su solicitud para que los jueces permitan testimonios grabados previamente, en línea con la Regla 68(3), en lugar de testimonios en vivo para siete testigos que aportan información sobre el contexto de un ataque del 25 de febrero de 2011 en Yopougon, la Fiscalía argumentó que la medida aceleraría largos procedimientos judiciales y daría a la defensa tiempo suficiente para interrogar a los testigos.
La defensa de Blé Goudé respondió que la Regla 68(3) no había mejorado la eficiencia del caso hasta ese momento, mientras que la defensa de Gbagbo argumentó que el testimonio registrado sobre los hechos más claves de los cargos sería incorrecto. En abril, los jueces rechazaron el argumento de Gbagbo, pero estuvieron de acuerdo en que el argumento de la eficiencia no fue convincente y rechazaron la solicitud de la Fiscalía.
En junio, los jueces profundizaron las modificaciones de la Regla 68 (3), y decidieron que, en principio, el testimonio registrado con anterioridad puede incluir declaraciones escritas.
El 19 de julio de 2017, la Cámara de Apelaciones de la CPI emitió su fallo sobre una cuestión de larga data en el caso: la detención continua de Gbagbo. Los jueces revocaron la 11° decisión de la Sala de Primera Instancia al rechazar la liberación condicional de Gbagbo, y encontraron una serie de errores potencialmente importantes. El juez Piotr Hofmanski señaló que la Sala de Primera Instancia no consideró el período de tiempo que Gbagbo ya había pasado detenido, desde 2011, cuando evaluó los riesgos de su liberación.
El juez Hofmanski agregó que la Cámara debería haber considerado la edad avanzada de Gbagbo para reducir, en lugar de aumentar, las posibilidades de fuga, y que su negativa a la hora de aceptar su responsabilidad por los cargos de la CPI en su contra no debería haber sido tenida en cuenta en la decisión. Se ordenó a la Sala de Primera Instancia revaluar si Gbagbo debe ser liberado de su detención, con o sin condiciones.
Mientras tanto, en una iniciativa de toda la Corte, una semana antes de la sentencia, el plenario de jueces de la CPI adoptó enmiendas al Reglamento de la Corte, para introducir varias innovaciones al procedimiento para hacer que las apelaciones de la Corte sean más eficientes.
El juicio fue reprogramado para el 28 de agosto, allí todos los testigos restantes de la Fiscalía presentarán sus testimonios.
Desde acusados prófugos hasta reparaciones: ¿Qué más está pasando?
En junio, se informó que el sospechoso de la CPI Saif al-Islam Gaddafi había sido liberado de su custodia en Libia de acuerdo a una reciente ley de amnistía. Gaddafi es el sujeto de una orden de arresto de la CPI de 2011 por dos cargos por crímenes de lesa humanidad dentro de la situación de Libia referida por el Consejo de Seguridad a la Corte. A pesar de las referencias a la amnistía, el Fiscal General interino de Trípoli argumentó que Gaddafi no calificaría debido a la gravedad de sus presuntos crímenes durante la guerra civil de 2011 en Libia.
Ante el desconocimiento del paradero de Gaddafi, el 14 de junio la Fiscal de la CPI apeló a las autoridades libias, al Consejo de Seguridad, a todos los Estados, miembros de la CPI o no, y a todas las organizaciones pertinentes a ayudar a garantizar el arresto inmediato de Gaddafi y su entrega a la CPI. La Fiscal también pidió cooperación en el arresto y la entrega del ex jefe de seguridad Al-Tuhamy Mohamed Khaled.
Aunque algunos han abogado para que la CPI colabore con la ONU y con el gobierno interino respaldado por la ONU en Libia para garantizar la transferencia de Gaddafi a La Haya, otros se decepcionaron porque los jueces de la CPI no presionaron al Consejo de Seguridad para tratar la falta de cooperación en la investigación de Darfur remitida por el Consejo de Seguridad.
El 6 de julio, los jueces de la CPI determinaron que el gobierno sudafricano no cumplió con su obligación legal de arrestar al sospechoso de la CPI y presidente sudanés Omar al-Bashir cuando visitó el país para una cumbre de la Unión Africana en 2015. Los jueces rechazaron la remisión del asunto al Consejo de Seguridad, citando la ineficacia de tal respuesta en instancias anteriores de falta de cooperación en el arresto de al-Bashir. El fallo puede ser apelado por cualquiera de las partes.
El fallo se produjo mientras la CPI recibía informes de Jordania, uno de los únicos tres Estados miembros a la CPI de Medio Oriente, sobre su decisión de permitir que al-Bashir asista a la 28° cumbre de la Liga Árabe en Amman a fines de marzo. El gobierno jordano, notificado por la CPI en dos ocasiones sobre su obligación de arrestar y entregar al sospechoso de la CPI, explicó en marzo su postura en relación al reconocimiento de la inmunidad de los jefes de Estado en ejercicio, como al Bashir, en virtud del derecho internacional consuetudinario. Los tribunales nacionales sudafricanos, y ahora la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, han rechazado un argumento muy similar.
El año pasado, la CPI determinó que el gobierno de Kenia no había prestado su cooperación a la investigación de la CPI sobre la ola de violencia de la crisis postelectoral de 2007-08, sólo meses después de que los jueces citaran una posible interferencia con testigos para su decisión de finalizar el último caso sobre crímenes centrales de la situación.
Una de las personas buscadas por posible soborno de testigos en la situación de Kenia - Philip Kipkoech Bett - ahora está intentando impugnar la orden de arresto de la CPI sobre la base a los derechos a un juicio justo, así como también del principio de complementariedad del Estatuto de Roma. A fines de julio, un fiscal senior le dijo a la Corte Suprema de Kenia que el gobierno de Kenia no estaba dispuesto a enjuiciar a Bett y al co-sospechoso de la CPI Paul Gicheru en su solicitud de ejecutar las órdenes de arresto de la CPI contra los dos.
El trabajo de la Corte en el otro extremo del espectro - reparaciones para las víctimas luego de la condena - consideró que la Junta Directiva del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV) decidió en mayo asignar 1.000.000 U$D para pagar las reparaciones individuales y colectivas ordenadas en el caso Germain Katanga . Katanga fue declarado culpable en 2014 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante un ataque contra la aldea de Bogoro en Ituri, al este de la RDC, y fue sentenciado a 12 años de prisión. El borrador del plan de implementación presentado en julio busca proporcionar el monto total por el que Katanga, considerado indigente, fue declarado personalmente responsable.