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Kenia: Se buscan respuestas a lo sucedido en Eldoret

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En este artículo del Monitor de Justicia Internacional, Elizabeth Evenson de Human Rights Watch insta a las autoridades a que realicen investigaciones objetivas y fidedignas por la reciente muerte de dos hombres relacionados con el caso de la CPI contra el vicepresidente de Kenia  William Ruto y el locutor de radio Joshua Sang.

 

John Kituyi, un periodista veterano y editor del periódico keniata Mirror Weekly, fue asesinado el 30 de abril mientras volvía a su domicilio desde su lugar de trabajo. El Comité para la protección de los Periodistas informó que varios asaltantes no identificados golpearon a Kituyi dejándolo muy grave. Finalmente el periodista murió horas después por las heridas ocasionadas en el hospital de Eldoret.

La familia de Kituyi, otros compañeros periodistas y activistas por los derechos humanos en Eldoret han vinculado su asesinato a un artículo que el periodista escribió sobre el caso contra el vicepresidente William Ruto y el ex locutor de radio Joshua Arap Sang ante la Corte Penal Internacional (CPI). Ruto y Sang se enfrentan a diversos cargos por su presunta implicación en los brutales ataques que se produjeron durante la ola de violencia post-electoral en Kenia en 2007-2008, en Eldoret como epicentro de la violencia.

La familia de Kituyi—respaldados por un parlamentario local—ha pedido una investigación completa sobre el asunto, y la policía ha confirmado que ya hay una investigación en curso.

El asesinato de Kituyi no es el único que se ha producido en estos últimos meses en la zona de Eldoret, lo que respalda la idea de que se trata de acciones vinculadas con las investigaciones de la CPI.

El 28 de diciembre, Meshack Yebei fue secuestrado cerca del centro comercial de Turbo. Tras su secuestro, el equipo de la defensa de Ruto en la CPI comentó que querían llamar a declarar a Yebei como testigo de la defensa, mientras que la Fiscalía de la CPI reclamótener pruebas que demostraban que Yebei había sido objeto de en una serie de amenazas y manipulaciones en el caso de Ruto y Sang. En febrero, varios funcionarios del Haki Africa, una organización en favor de los derechos humanos en Mombasa, descubrieron el cuerpo de Yebei por casualidad en la morgue de Voi.

La familia de Yebei y el abogado de Ruto, dijeron que Yebei había sido amenazado el año pasado con ser secuestrado por un testigo no identificado presentado por parte de la Fiscalía para declarar ante la CPI, pidieron que se abriera una investigación al respecto y la Fiscalía y el Registro de la CPI se ofrecieron a respaldarla. La policía efectivamente abrió una investigación, pero no se han hecho públicos sus resultados, hasta la fecha.

En el momento en el que Yebei desapareció, varios periodistas que habían escrito sobre el asunto fueron amenazados, hasta tal punto que algunos de ellos junto con algunos activistas en favor de los derechos humanos se vieron obligados a ocultar la historia del secuestro.

No sabemos a ciencia cierta qué les ocurrió a Kituyi o Yebei, por lo que es necesario investigar los hechos de forma diligente. Muchos testigos en los casos de la CPI en Kenia cambian de parecer sobre el hecho de prestar testimonio alegando temer por su vidas. La muerte de Kituyi y especialmente la de Yebei harán saltar la voz de alarma entre las víctimas y testigos—tanto de la Fiscalía como de la defensa—sobre su seguridad. Llegar al fondo del asunto es una cuestión de vital importancia para saber si estos asesinatos estuvieron o no vinculados con las investigaciones de la CPI y combatir los temores tanto de testigos como de víctimas.

Desafortunadamente, hay motivos para ser escéptico sobre la posibilidad de llevar a cabo investigaciones auténticas. Ha habido denuncias de injerencias generalizadas contra los testigos de la CPI y hostilidades con el proceso judicial de la CPI en Kenia, y un triste récord de desatenciones por parte de las autoridades keniatas.

El presidente Uhuru Kenyatta, que se enfrentaba a cargos similares ante la CPI vio como éstos dejaron de perseguirse, hizo campaña con Ruto en 2013, presentando su cooperación personal con la CPI.

Una vez en el tribunal, su administración lideró un ataque político contra la CPI,considerándola como un “juguete de los poderes imperiales en declive.” El gobierno ha cooperado con la Corte facilitando la presencia de algunos testigos de la defensa en el juicio contra Ruto y Sang. Sin embargo, según los magistrados de la CPI, el gobierno no cooperó en absoluto en su caso contra Kenyatta, llegando a comprometer las investigaciones de la Fiscalía.

Las redes sociales y los blogs en Kenia se han utilizado para exponer e identificar a varios testigos de la CPI. Lo que ha llevado incluso a amenazas contra personas erróneamente identificadas como testigos. Las autoridades conocen los nombre de algunas de las personas detrás de estos blogs pero parece que no han hecho nada para poner fin a estas especulaciones sobre los testigos.

Uno de los últimos testigos en el caso de Ruto y Sang, que debería intervenir en próximas sesiones, ha rechazado prestar su testimonio, alegando razones de seguridad.

La CPI ya ha emitido una orden de arresto para otro ciudadano de Eldoret, un antiguo periodista Walter Barasa, acusándole de intento de manipulación de testigos en el caso de Ruto y Sang. Un tribunal de Kenia también ha emitido una orden contra Barasa, pero Barasa la ha apelado.

Las autoridades keniatas deben estar concienciadas a la hora de llegar al fondo de estos asuntos y conocer la verdad de lo sucedido en ambos asesinatos. Llevar a cabo investigaciones fidedignas puede ser un primer paso para proporcionar respuestas a las familias de estos dos hombres. Pero si se descubre alguna vinculación con las investigaciones de la CPI, la investigación puede exponer a la CPI a grandes críticas y disminuir el proceso judicial. Es tarde, pero existe aún la posibilidad de que el gobierno de Kenia demuestre que quiere llegar al fondo del asunto en estos casos. Donde quiera que la verdad nos lleve.

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