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¿Qué puede hacer la comunidad internacional en Myanmar?

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CICC
El conflicto en el Estado de Rakhine en Myanmar ha ocasionado la huida de numerosos ciudadanos a Bangladesh entre octubre de 2016 y enero de 2017. Este mes, Myanmar ha negado la evidente violación sistemática de derechos humanos, a pesar de la presión internacional y de varios órganos de la ONU de protección de derechos humanos. Las organizaciones de sociedad civil tienen pocas esperanzas de que la minoría Rohingya pueda obtener una investigación independiente sin el apoyo de la comunidad internacional.

Una Comisión nacional niega le persecución, las violaciones y el genocidio Rohingya

El 3 de enero de 2017, la Comisión de Investigación de Myanmar sobre Maungdaw publicó un Informe Provisional. La Comisión fue establecida tras la fuerte presión internacional sobre la Consejera de Estado y galardonada con el Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi para investigar la respuesta de las Fuerzas Armadas a los conflictos de la frontera en 2016.

En el informe, la Comisión niega las acusaciones que afirman que miembros de las fuerzas del gobierno violaron a civiles rohingya, y concluye que en su región no existe ni la persecución religiosa ni el genocidio. La Comisión también señaló en una declaración previa que las “autoridades gubernamentales han cumplido las leyes nacionales y actuado legalmente en su respuesta a los atacantes.”

Las organizaciones de la sociedad civil respondieron firmemente a este Informe y a sus conclusiones. Human Rights Watch expresó que existen fallos metodológicos y los Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR, por sus siglas en inglés) cuestionaron la transparencia y la independencia de la Comisión.

 

¿Quiénes son los Rohingya?

Los Rohingya son una minoría musulmana que vive principalmente en el este de Myanmar y en el Estado de Rakhine. Sus orígenes se remontan al siglo quince cuando numerosos musulmanes llegaron al antiguo Reino de Arakan. Muchos llegaron a la región cuando los territorios de Bengal y Rakhine aún eran una colonia británica.

Los Rohingya se distinguen de los grupos étnicos budistas dominantes en Myanmar por el idioma y la religión. A pesar de que han habitado la región durante siglos, Myanmar ha negado a este grupo étnico sus derechos históricamente adquiridos y los ha abandonado considerándolos inmigrantes ilegales desde la independencia del país en 1948.

Sin la ciudadanía adquirida, la mayor parte de los Rohingya sufren lo que ha sido descrito como una discriminación sistemática en materia de matrimonio, planificación familiar, empleo, educación, religión y libertad de movimiento y reciben un escaso nivel de protección por su estado de apátridas.

 

2015-16: Nuevas tensiones en el norte de Myanmar

Entre 2012 y 2015, más de 120.000 personas se han desplazado en la región, la mayor parte Rohingya en busca de refugio en países vecinos como Bangladésh, Malasia, Tailandia e Indonesia. Estos desplazamientos se producen tras la violación y asesinato de una mujer budista y la consecuente matanza de 280 personas y el incendio de casas Rohingya

En octubre de 2016, las tensiones se renovaron en el Estado de Rakhine cuando un grupo de militantes Rohingya atacó a tres puestos de frontera de la policía cerca de Maungdaw. En respuesta, las fuerzas del gobierno iniciaron unas “operaciones de limpieza” y el cierre del área. 

Las organizaciones de sociedad civil han recibido numerosas denuncias locales de violaciones de derechos humanos. Amnistía InternacionalHuman Rights Watch han documentado e informado sobre varias instancias donde las fuerzas militares habrían abusado y apuntado a los civiles Rohingya y a villas enteras con incendios provocados, asesinatos ilegales, y violaciones en masa. La violencia policial sobre los civiles Rohingya ha sido incluso grabada en vídeo – las autoridades han detenido a varios de los autores y han declarado que están investigando los hechos.

Según las Naciones Unidas (ONU), desde el 9 de octubre a enero de 2017, las operaciones militares han producido el desplazamiento de cerca de 66.000 personas, y se ha denegado el acceso a diferentes organizaciones de ayuda internacional, medios de comunicación independientes y observadores internacionales. La situación se “acerca peligrosamente a un supuesto de crímenes de lesa humanidad,” declaró el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee.

 

La sociedad civil le pide a Myanmar que reflexione

Incluso antes de la creación de la Comisión, las organizaciones de la sociedad civil han instado a Myanmar que cumpla su responsabilidad  de proteger a su población de abusos de derechos humanos investigando las denuncias de la conducta de los militares y policías. 

Amnistía Internacional pidió una “investigación rápida, seria e imparcial de la conducta de las fuerzas de seguridad de Myanmar”. Con este mismo fin, FORUM-ASIA pidió al gobierno que asegurase de forma inmediata el acceso de los activistas de derechos humanos, a la prensa y a la ayuda humanitaria en el Estado de Rakhine.

Sin embargo, después de que el gobierno negase las denuncias de abusos de derechos desde comienzos de 2017, una misión de la ONU en varias ocasiones no tuvo el permiso de acceder a determinadas áreas del Estado de Rakhine así como a testigos independientes.

 

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

Según el Tratado de la Corte Penal Internacional (CPI), el Estatuto de Roma, los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil podrían llegar a catalogarse de lesa humanidad. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya en junio de 2016 encontró patrones de violaciones graves contra los Rohingya.

Como Myanmar aún no se ha adherido a la CPI, la situación debería ser remitida a la Corte a través del Consejo de Seguridad de la ONU para poder ser enjuiciada por la CPI.

Aún si Myanmar fuese un Estado Parte de la CPI, la CPI es un tribunal de último recurso – esto es, que los Estados Parte tienen la responsabilidad primaria de investigar lo sucedido y, si procede, enjuiciar a los sospechosos de cometer crímenes graves en caso de ser nacionales o si se trata de crímenes cometidos en su territorio. Según el principio de complementariedad, la CPI sólo podrá intervenir cuando el Estado no puede o on tiene la intención intervenir.

Se han presentado numerosas recomendaciones para asegurar que Myanmar cumpla con su obligaciones internacionales no sólo en materia de rendición de cuentas, sino también para que el proceso de paz general del país tenga en cuenta estos delicados temas alrededor del Estado de Rakhine, así como los dinámicas políticas entre las fuerzas militares y los líderes de las organizaciones civiles.

Para la APHR, el informe provisional pone el acento en la necesidad de que cualquier cualquier investigación liderada por el gobierno promueva la justicia para todos los civiles, y que no funcione como una herramienta de relaciones públicas frente a la presióin internacional.

Una investigación imparcial y justa traería no sólo justicia a las víctimas para los Rohingya si no también frenaría los abusos serios que se están cometiendo en el país y conduciría a una paz duradera e inclusiva en Myanmar.