Afganistán

El 3 de noviembre de 2017, la Fiscal de la CPI solicitó autorización para abrir una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde mayo de 2003 en el territorio de Afganistán, así como crímenes de guerra estrechamente vinculados con la situación de Afganistán presuntamente cometidos desde el 1° de julio de 2002 en el territorio de otros Estados partes al Estatuto de Roma. Aún está pendiente una decisión de los jueces de instrucción, que puede tomar hasta tres meses.

HOJA INFORMATIVA AFGANISTÁN Y LA cpi

La Fiscal solicita el inicio de una investigación

Declaración de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre su decisión para solicitar autorización judicial para iniciar una investigación sobre la Situación en la República Islámica de Afganistán (inglés)

Breve resumen

  • Afganistán, que ha enfrentado varios períodos de guerras civiles desde 1970, ha vuelto a eperimentar una década de conflictos luego de le invasión del país llevada a cabo por Estados Unidos luego de los ataques el 11 de septiembre de 2001.
  • En 2007, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar para determinar si los actos de las fuerzas del gobierno afgano, las fuerzas extranjeras y las fuerzas anti-gobierno como los Talibanes, posteriores al 1 de mayo de 2003, debían considerarse crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
  • Afganistán es un Estado miembro a la CPI, adhirió al Estatuto de Roma en febrero de 2003.
  • En 2017, Afganistán promulgó un nuevo código penal para incorporar disposiciones sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión - los cuatro crímenes centrales que son objeto de la jurisdicción de la CPI.
  • Dichas leyes de implpementación, que incluyen disposiciones sobre la responsabilidad de mando y sobre el reclutamiento de soldados menores de 18 años, serán cruciales para que Afganistán pueda tratar los crímenes del Estatuto de Roma de forma interna. 
  • Afganistán no ha ratificado el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI ni las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma.
Background
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por miembros talibanes en los Estados Unidos, la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos llevó a más de diez años de guerra en el país. La coalición de aliados liderada por Estados Unidos, unida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2003, lanzó ataques aéreos y operaciones terrestres en Afganistán para expulsar a los talibanes del poder y desmantelar al grupo terrorista al-Qaeda responsable de los ataques al World Trade Center en Nueva York. En 2002, se instaló un gobierno afgano de transición y posteriormente el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) mediante la Resolución 1386. Con el fin de ayudar al gobierno afgano a combatir a los Talibanes y a otros grupos armados, la ISAF luego pasó al mando de la OTAN. Las fuerzas internacionales retiraron importantes misiones de combate de Afganistán en diciembre de 2014, aunque un nuevo grupo más pequeño de fuerzas sigue presente y ofrece capacitación y asistencia a las fuerzas de seguridad afganas. Desde el comienzo de la guerra hasta la retirada de las fuerzas internacionales, 26.000 personas han muerto y más de 29.900 civiles han resultado heridos.
ICC situation

La Fiscalía de la CPI hizo público el examen preliminar de la situación en Afganistán en 2007. En uno de los exámenes preliminares más largos de la Fiscalía, el fiscal examinó los supuestos crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en territorio afgano después de 1 mayo de 2003.

La Fiscalía ha encontrado argumentos razonables para creer que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad fueron y continúan siendo cometidos por miembros de fuerzas gubernamentales afganas, por las fuerzas extranjeras y por las fuerzas anti-gubernamentales como los talibanes. El fiscal de la CPI está evaluando si existe un verdadero proceso penal nacional para tratar estos crímenes antes de desarrollar un caso para presentar ante la CPI.

La evaluación de la admisibilidad de la CPI no sólo se centra en los procedimientos penales de Afganistán, sino también de Estados Unidos y otros Estados de la OTAN capaces de sancionar la conducta ilícita tal como se establece en el Estatuto de Roma. De acuerdo con la sociedad civil no se ha encontrado mucha evidencia de juicios nacionales significativos.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa examinando nuevos posibles delitos del Estatuto de Roma en Afganistán.

Cooperation

Afganistán se adhirió al Estatuto de Roma en 2003 y ha cooperado ampliamente con el examen preliminar de la Fiscalía en su territorio. Sin embargo, la sociedad civil sigue preocupada por el posible papel de Estados Unidos y otras fuerzas de ocupación en el alcance de la cooperación de Afganistán con la CPI.

La obligación de cooperar de Afganistán como Estado miembro a la CPI incluye la cooperación con el examen de conducta de la Fiscalía -incluyendo los presuntos abusos a detenidos- por parte de los socios internacionales de Afganistán en la invasión y ocupación delpaís liderada por Estados Unidos después del 1° de mayo de 2003.

En una reciente muestra positiva de cooperación, el segundo vicepresidente de Afganistán hizo una declaración en 2016 dando la bienvenida a una visita de la CPI a Afganistán. El gobierno también anunció la creación de un comité técnico de funcionarios gubernamentales y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés) para coordinar la cooperación con la CPI.

National prosecutions

A pesar de sus obligaciones como Estado miembro a la CPI, Afganistán no ha actualizado su Código Penal de 1976 para que cubra los crímenes internacionales, lo que ha frustrado los esfuerzos nacionales para llevar justicia a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

A pedido del gobierno afgano, AIHRC trazó un "Plan de acción para la paz, la reconciliación y la justicia en Afganistán", lanzado por el presidente Hamid Karzai en 2006, para aclarar que la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones manifiestas de los derechos humanos "no cae en el ámbito de la amnistía sobre la base de los principios de la religión sagrada del Islam y los estándares internacionalmente aceptados".

Contrario al Plan de Acción, la "Ley de Amnistía Pública y Estabilidad Nacional" de 2007 otorgó inmunidad legal a "todos los partidos políticos y grupos beligerantes que lucharon entre sí durante las últimas dos décadas y media", sin ningún límite temporal a la aplicación de la ley o cualquier excepción en el caso de crímenes internacionales.

La medida, vista como una violación del derecho fundamental a la reparación de víctimas de violaciones graves de derechos humanos, provocó una reacción vehemente de las ONG nacionales e internacionales, incluidas las preocupaciones sobre la voluntad de Afganistán y la capacidad del orden jurídico afgano para poner fin a la impunidad .

Solo un miembro de alto rango de un grupo armado ha sido juzgado en Afganistán por crímenes cometidos en 1992-93, antes de la aprobación de la ley de amnistía, pero también antes de la jurisdicción de la CPI. El gobierno ha lanzado solo un número limitado de procedimientos contra sus propios supuestos perpetradores, como dos funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad.

Las denuncias de abusos a detenidos por parte de las fuerzas estadounidenses han dado lugar a una condena, -de un ex contratista independiente de la Agencia Central de Inteligencia- y al juicio por corte marcial de unas pocas docenas de miembros de las fuerzas armadas. Considerando que estas personas fueron consideradas responsables de incidentes aislados de crueldad hacia los prisioneros afganos, la sociedad civil ha alegado que Estados Unidos no ha llevado a cabo una investigación de manera genuina.

Con respecto al bombardeo aéreo de octubre de 2015 de un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz por las fuerzas armadas de los EE. UU., Una investigación de la OTAN concluyó que el bombardeo fue el resultado de un error humano. El único resultado fue la suspensión de los individuos más estrechamente asociados con el incidente.

Civil society advocacy

Los grupos de la sociedad civil local en Afganistán han jugado un rol clave a la hora de defender que las problemáticas y precupaciones de las víctimas en relación con la justicia sean incluidas en el proceso de justicia transicional de Afganistán.

En marzo de 2005, el gobierno de Afganistán designó una Comision interministerial con representantes senior de los ministerios de asuntos exteriores, justicia y de interior; de la Corte Suprema; de la Universidad de Kabul; y de la organización de la sociedad civil Afghan Professional Alliance for Minority Rights. El objetivo de la Comisión es evaluar y determinar los pasos para la implementación del Estatuto de Roma en las leyes nacionales.

Durante una mesa redonda de marzo de 2006, la Comisión amplió su membresía a otros actores, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán preparó un borrador preliminar sobre la legislación de implementación de la CPI, que recibió comentarios de diversos actores y luego fue presentado al Ministerio de Justicia, donde se ha mantenido desde 2007.

Según los miembros de la Coalición local, no ha habido desarrollos de implementación desde 2007.

La sociedad civil en Afganistán y Medio Oriente ha trabajado con la Coalición por la CPI en la traducción de documentos clave, facilitando discusiones con el gobierno y creando conciencia sobre la importancia de las actividades de la CPI en el país. Estos esfuerzos han sido clave para sentar las bases para que los líderes afganos y el público en general participen en debates serios sobre el papel de la justicia y la importancia de un proceso de paz inclusivo.