Kenia

Tras las elecciones de 2007 en Kenia, la violencia generalizada resultó en más de 1000 muertos, 600.000 desplazados y cientos de ataques sexuales. En marzo 2010, la CPI comenzó su investigación sobre los presuntos crímenes del período postelectoral.
Situation phase: 
Investigation – ongoing
Regions: 
África
Kenia ratificó el Estatuto de Roma en el 2005 e incorporó los crímenes de la CPI en la legislación nacional a través de la Ley de Crímenes Internacionales de 2008. En 2010, la Fiscalía de la CPI utilizó sus poderes de propio motu por primera vez para abrir una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad durante la violencia postelectoral de Kenia de 2007-08.

En tres oportunidades, las autoridades de Kenia fracasaron en el intento de establecer un mecanismo nacional para investigar y procesar a los responsables. En marzo de 2011, la CPI emitió órdenes de comparecencia contra seis sospechosos de alto perfil, de ambos lados del conflicto de Kenia. Dos casos en contra de cuatro sospechosos- dos de los cuales se presentarían de todos modos a la presidencia de Kenia – fueron eventualmente retirados debido a la falta de pruebas, y a lo que el fiscal presentó como una interferencia generalizada con los testigos. Los casos de Kenia por violencia postelectoral de 2007-08 tuvieron como consecuencia  una campaña anti-CPI, que incluyó intimidación y amenazas en contra de la sociedad civil, varias amenazas para retirar el país del Estatuto de Roma e intentos de interferir con las decisiones judiciales de la CPI, en el nivel más alto del gobierno de Kenia.

Background
Thousands dead and displaced in 2007-08 Kenyan post-election violence. In 2007, incumbent president Mwai Kibaki of the Party of National Unity (PNU) was declared the winner in a closely-contested Kenyan presidential race against Raila Odinga of the Orange Democratic Movement (ODM). Widespread violence ensued; resulting in over 1,000 dead, over 600,000 displaced, hundreds of women and men victims of sexual assault, and destroyed property. The widespread and systematic nature of the attacks against civilians, along with the failure of Kenyan authorities to ensure accountability and redress at the national level, prompted an international commission of inquiry (the Waki Commission – see below for more) and eventually led the ICC prosecutor to examine the situation. Miles de muertos y desplazados en la violencia postelectoral de 2007-08 de Kenia En 2007, el Presidente titular Mwai Kibaki del Partido de Unidad Nacional (PUN) fue declarado ganador de una reñida carrera a la presidencia keniana contra Raila Odinga. Esto derivó en una violencia generalizada, que resultó en más de 1000 muertos, alrededor de 600.000 desplazados, cientos de mujeres y hombres víctimas de agresión sexual y propiedades destruidas. La naturaleza generalizada y sistemática de los ataques a los civiles, junto con el fracaso de las autoridades de Kenia para asegurar la rendición de cuentas y otorgar reparaciones a nivel nacional, impulsaron una comisión internacional de investigación (la Comisión Waki – ver más abajo para mayor información) y eventualmente llevaron a la Fiscal de la CPI a examinar la situación.
ICC situation

La fiscalía de la CPI inicia su primera investigación motu proprio

En noviembre de 2009, la Fiscalía de la CPI utilizó por primera vez sus poderes de motu proprio para solicitar la autorización para abrir una investigación en ausencia de una remisión de algún Estado parte a la CPI o del Consejo de Seguridad de la ONU. En una decisión mayoritaria de marzo de 2010, la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) II encontró una base razonable para proceder con la investigación sobre la violencia post electoral de Kenia de 2007-08, reconociendo que el examen preliminar de la Fiscalía sugería que Kenia había fracasado en su intento por establecer un tribunal nacional competente para procesar a los perpetuadores de la violencia generalizada. La CPI emitió órdenes contra seis kenianos de alto rango. 

En marzo de 2011, la CPI emitió órdenes de comparecencia contra seis sospechosos de alto perfil de ambos lados del conflicto de Kenia y sospechados de orquestar ataques contra sus partidarios políticos rivales. Los seis hicieron sus presentaciones iniciales ante la Corte en abril de 2011. Uno de los casos de la CPI involucraba al político de la MDN, Henry Kosgey, William Ruto, quien se convertiría vicepresidente, y el locutor de radio Joshua Sang. Otro caso involucraba a los políticos de la PUN Uhuru Kenyatta, más adelante presidente, Francis Muthaura y un ex jefe de policía, Mohammed Hussein Ali.

Los jueces enviaron a Kenyatta/Muthaura y Ruto/Sang a juicio

En enero de 2012, la SCP II aprobó los casos en contra de Ruto y Sang y en contra de Muthaura y Kenyatta para ir a juicio luego de las audiencias de confirmación de cargos en septiembre y octubre de 2011, respectivamente. En mayo de 2012, la Cámara de Apelaciones unánimemente rechazó las recusaciones de la defensa sobre la jurisdicción de la CPI sobre el caso de Kenia. Los jueces de la SCP II declinaron la confirmación de los cargos contra Kosgey y Ali.

Se retiran todos los cargos, los testigos se retractan de las pruebas

En marzo de 2013, la Fiscalía de la CPI retiró todos los cargos contra Muthaura, citando para esto inconvenientes con testigos que se retractaron, la cooperación limitada de Kenia y su falta de asistencia en la revelación evidencia crucial. En diciembre de 2014, la Fiscalía retiró los cargos en contra de Kenyatta antes del juicio, citando recusaciones similares. En abril de 2016, la mayoría de los jueces de la Sala de Primera Instancia V(a) concluyó que había evidencia insuficiente para continuar con el juicio contra Ruto/Sang, que había estado activo por un año y que, según alegó la Fiscalía, estaba plagado de casos de manipulación de testigos. La Fiscalía de la CPI enfatizó que existía la posibilidad de reabrir los casos de aparecer nueva evidencia.

Órdenes de arresto por manipulación de testigos en los casos de Kenia

Las acusaciones por manipulación de testigos figuraron en muchos casos de la CPI relacionado con la VPE de Kenia de 2007-08. Muchos testigos de la Fiscalía se retractaron de sus declaraciones mientras que otros desaparecieron. La Fiscalía alegó sobornos a cambio de renuncias o retiro de declaraciones, y recibió autorización para emitir órdenes de arresto acusando a tres kenianos con ofensas en contra de la administración de justicia.

Cooperation

Campaña anti CPI de Kenia

Mientras los procedimientos de la CPI en su contra estaban en curso, Kenyatta y Ruto decidieron presentarse en las elecciones presidenciales de Kenia de marzo de 2013, donde Kenyatta fue elegido presidente y Ruto su vicepresidente. Ambos fueron acusados de usar el caso en su contra como plataformas para denunciar los intereses de la CPI en Kenia y de explotar sus cargos oficiales para influenciar los procedimientos judiciales en la CPI.

A nivel internacional, Kenia intentó - pero finalmente fracasó - movilizar el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU para aplazar los casos de la CPI sobre la VPE de 2007-08. Kenia también apeló a sus compañeros miembros de la Unión Africana (UA) para presionar colectivamente a la CPI denunciando a la CPI como una institución discriminatoria y solicitando un retiro masivo de testigos en caso que, por ejemplo, no se reconociera la inmunidad oficial o o se retiraran los cargos en contra de Kenyatta y Ruto.

Amenazas para retirarse del Estatuto de Roma

A nivel nacional, los miembros de gobierno de Kenia amenazaron en reiteradas oportunidades con retirarse del Estatuto de Roma como parte del plan de Kenia para impedir los casos de VPE de 2007-08. En septiembre de 2013, los legisladores anti CPI introdujeron un voto fallido para la retirada de Kenia de la CPI, derogando legislación nacional sobre crímenes internacionales y cesando la cooperación con la Corte. El plan tuvo fuerte oposición de los miembros internacionales de la sociedad civil de la Coalición, Kenia y África en general.

Sesiones de la AEP bajo fuerte presión de Kenia

En la 12° sesión del AEP de noviembre de 2013, y bajo intensa presión de Kenia, los Estados Parte aprobaron cambios a las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI (RPP) sobre órdenes de comparencia, permitiendo excusar a aquellos que cumplen “deberes públicos extraordinarios del más elevado nivel nacional” de estar presentes en los juicios. Quedó en manos de los jueces de instrucción de la CPI decidir sobre cualquier solicitud, tomando en cuenta factores como el interés de la justicia y la naturaleza de la audiencia en cuestión. La Coalición cuestionó el proceso que llevó a dichos cambios.

La comparencia de los acusados en el tribunal vía enlace de video, el uso de testimonios pregrabados durante los procesos y la discreción de los jueces para mantener audiencias fuera de La Haya, también se hicieron posible a través de la modificación de 2013 de las RPP.

En las preliminares de la 13° sesión de la AEP, en diciembre de 2014, la sociedad civil se opuso fuertemente a la propuesta de Kenia de modificar el Estatuto de Roma para permitir la inmunidad de los jefes de Estado y oficiales gubernamentales de alto rango.

En la 14° sesión de la AEP de noviembre de 2015, los gobiernos acordaron acomodar el tema de la agenda propuesto por Kenia sobre la aplicación de la regla 68 de las RPP al uso de testimonios pre-grabados de testigos, un tema que estaba bajo apelación en el juicio de Ruto /Sang. Si bien la sesión terminó sin ninguna acción decisiva de los Estados partes, los gobiernos acordaron incluir en el reporte final de la asamblea una interpretación de la regla 68. La Coalición denunció el peligroso precedente sentado por Kenia al intentar influenciar políticamente los temas bajo revisión judicial.

National prosecutions

Kenia falla en el establecimiento de un mecanismo nacional para procesar la VPE de 2007-08

Los intentos nacionales para tratar la VPE incluyeron el establecimiento de la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación y discusiones gubernamentales sobre el uso de los tribunales penales existentes en lugar de un tribunal separado convenido. Las modificaciones constitucionales que hubieran establecido estos tribunales, como fueron recomendadas por la Comisión Waki, no lograron el consenso requerido en el parlamentoen tres oportunidades, lo que resultó que Kenia no llegara al plazo pactado de septiembre de 2009 - plazo acordado entre Kenia y la Fiscalía de la CPI en julio de 2009 – para iniciar procedimientos nacionales.

La Comisión Waki comparte evidencia de los casos de VPE de 2007-08 con la Fiscalía de la CPI

En julio de 2009, luego del fracaso del establecimiento de mecanismos nacionales de rendición de cuentas para los casos de VPE, la Fiscalía de la CPI recibió seis cajas con documentos y material de apoyo compilado por la Comisión Waki, una comisión internacional de investigación establecida en Kenia para investigar los caso de VPE de 2007-08.

La evidencia Waki también contenía una lista de sospechosos que la Comisión consideraba como los mayores responsables de los casos de VPE. Adicionalmente a los materiales provistos por la Comisión, el Fiscal de la CPI recibió información de las autoridades de Kenia sobre medidas para la protección de testigos y el status de los procedimientos legales nacionales.

Civil society advocacy

Muchas organizaciones de la sociedad civil celebraron la decisión de la CPI de llevar a juicio a los oficiales de mayor rango de Kenia, demostrando que nadie está sobre el escrutinio de la ley. La sociedad civil de Kenia ha liderado los pedidos de justicia para las víctimas de los casos de VPE de 2007-08, han apoyado de manera incansable el proceso de la CPI y se ha opuesta activamente a lo intentos políticos para interferir con los casos o socavar a la CPI a nivel nacional e internacional. Este apoyo ha tenido consecuencias, el precio se ha traducido en intimidaciones y en la limitación de los espacios de trabajo.

Sin embargo, con el retiro de los casos de VPE de 2007-08 de la CPI, algunos grupos de la sociedad civil han expresado sus dudas sobre la habilidad de la CPI de sobrellevar los desafíos políticos y su decepción por la incapacidad del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas para proporcionar asistencia general a las víctimas en los casi ocho años que la CPI ha tratado los casos de VEP, la falta de cooperación del gobierno keniano y la protección de testigos, y la falta de iniciativa a nivel nacional para asegurar una justicia general para las víctimas de la VPE de 2007-08.