La sociedad civil y la CPI

Las ONG pueden aplicar para realizar observaciones sobre cualquier asunto ante la CPI durante los procesos penales y de reparaciones. Estas observaciones generalmente proporcionan análisis jurídicos, argumentos de políticas o un contexto fáctico en ciertos casos.

Dicho documento legal se denomina informe de Amicus Curiae (amigo de la corte). Muchos miembros de la Coalición, entre ellos REDRESS, Kituo Cha Sheria, No Peace Without Justice y Women's Initiatives for Gender Justice, han presentado informes Amicus Curiae en casos de la CPI.

Los miembros de la Coalición supervisan el desarrollo de la CPI como una institución, sus políticas y dirección estratégica, ofreciendo una gran experiencia para efectuar reformas cuando sea necesario.

Las consultas entre los funcionarios de la Corte y la sociedad civil tienen lugar en diferentes foros y en diversos encuentros institucionales a lo largo del año y en contextos más formales. La reunión anual de la CPI-ONG es un foro permanente. Estas reuniones, que generalmente tienen lugar durante una semana a mediados de año, promueven el diálogo y el intercambio de información entre las ONG y los diversos órganos y funcionarios de la Corte. Ayudan a definir cuestiones de interés mutuo y estrategias en torno a objetivos comunes.

El éxito de la CPI como institución está íntimamente ligado al buen funcionamiento y la toma de decisiones de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano rector de la Corte integrado por los Estados Partes al Estatuto de Roma. La Asamblea fija el presupuesto anual de la CPI y hace seguimiento de las obligaciones de sus miembros como la cooperación y la complementariedad (juicios nacionales).

A lo largo del año y durante su período de sesiones anual, la sociedad civil solicita activamente a la Asamblea que mejore su funcionamiento, aumente la transparencia de su toma de decisiones y que sus decisiones estén basadas en los mejores intereses de la Corte.

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En los países donde la Corte tiene actividad, las ONG locales e internacionales facilitan a la Corte información, servicios y conocimientos especializados. También vinculan a la Corte con personas y organizaciones en países donde podría no contar con una red extensa.

Las ONG que actúan como intermediarios de la Corte son generalmente miembros activos de las comunidades afectadas que ya trabajan por la justicia por crímenes graves. A menudo tienen una participación personal y profesional en el éxito de la Corte.  

Para guiar esta delicada relación entre la Corte y las ONG o individuos que trabajan como intermediarios, la CPI ha desarrollado directrices para asegurar que las funciones, responsabilidades y expectativas de ambas partes sean claras y manejables.

Las ONG pueden proporcionar información a la Fiscalía de la CPI que puede ayudar a desencadenar un examen preliminar o una investigación formal. Esto significa información sobre crímenes cometidos en una situación de conflicto o un informe sobre violaciones de derechos humanos que pueden recaer bajo la jurisdicción de la CPI. Esa información también puede servir de prueba para ser utilizada durante los procedimientos de la CPI. Sin embargo, la Fiscal de la CPI es independiente a la hora de decidir si utilizar dicha información como evidencia.

Las ONG también actúan como primeros intervinientes, asegurando posibles pruebas futuras de las escenas del crimen. Los avances tecnológicos significan que las pruebas de abusos contra los derechos humanos pueden ahora ser recopiladas y conservadas de manera segura en una forma que sea admisible para los procedimientos judiciales.

La sociedad civil juega un papel clave en el vínculo de la CPI con las víctimas y las comunidades afectadas por los crímenes bajo su jurisdicción. Esto puede darse al momento de identificar víctimas elegibles para participar en los procedimientos de la CPI y de solicitar reparación en el caso de producirse un veredicto de culpabilidad. Las ONG también realizan una amplia variedad de actividades de difusión con la Corte o en su nombre.

Los proyectos de asistencia general del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV) de la CPI suelen ser llevados a cabo por ONG. Financiados por contribuciones voluntarias, estos proyectos pueden adoptar la forma de rehabilitaciones físicas y / o psicosociales, así como apoyo material. Lea más sobre el trabajo del FFBV.