Pillay: “África ha sido una de las más beneficiadas por la CPI”

A pesar de su reciente renuncia como alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay ha pasado los últimos seis años pidiendo a los gobiernos que  respeten sus obligaciones de derechos humanos—el último cargo de una carrera que la ha visto desempeñarse como jueza
de la corte suprema de Sudáfrica, el tribunal internacional para Ruanda y la CPI en La Haya.

¿Cuáles son los mayores logros y decepciones de su mandato como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU? 

Esta es una pregunta amplia. Comencemos con los logros. Como alta comisionada tuve la oportunidad de lidiar con toda clase de discriminación y violaciones de todo el mundo de manera imparcial, trabajando en la defensa de los derechos de los pueblos. Esto incluye
el derecho al desarrollo de varios países en vías de desarrollo. Promovimos el reconocimiento de los derechos al alimento, el agua, la salud y exigimos el fin
de la pobreza.

Estoy orgullosa de haber podido ampliar el debate sobre los derechos humanos, particularmente a través de las redes sociales. Ahora podemos estar en contacto con las sociedades civiles de todo el mundo—un socio crucial en nuestra labor.

También pudimos revivir algunos derechos bastante olvidados en la agenda de la ONU, como los que defienden a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero—los que defendimos bajo el derecho a la no-violencia y la no-discriminación—o la discriminación de castas en India, Nepal y otras comunidades indígenas. Aún queda mucho trabajo por
hacer en estas áreas.

El establecimiento de la comisión de investigación también fue exitoso a la hora de
documentar violaciones serias a los derechos humanos. Por ejemplo, la investigación
de Michael Kirby sobre Corea del Norte abrió el juego para una situación que había sido ignorada por 60 años.

Sobre las decepciones, una de las principales es seguramente la incapacidad de la comunidad internacional de tomar medidas colectivas para prevenir las violaciones a los derechos humanos. En cinco oportunidades intenté en vano que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera el caso de Siria a la CPI para su investigación.

También es de notar que a pesar de que los derechos humanos representan uno de los tres pilares de la ONU, aún no cuentan con un financiamiento decente. Solo un 3% del presupuesto total de la ONU es destinado a los derechos humanos. Esto ocurre puntualmente en
un momento en el cual existe una alta demanda de asistencia por parte de los gobiernos y de la sociedad civil. Hemos visto en varias ocasiones que el modo de prevenir conflictos y crímenes serios es dar curso a las primeras advertencias, que generalmente son cuestiones de derechos humanos

¿Cuánto de qué modo ha cambiado el movimiento en favor de la justicia internacional el horizonte de derechos humanos en estos último 20 años?

Hace veinte años, no existía ningún sistema permanente de justicia penal internacional. Innumerables crímenes graves fueron cometidos particularmente por aquellos que ostentan el poder sin consecuencia alguna. Los responsables buscados siempre fueron acogidos en otros países. Partiendo de este escenario, es casi milagroso que hoy contemos con la CPI, un gran logro de la comunidad internacional.

La demanda de justicia existe realmente. Mientras la mayoría de los gobiernos prefieren la ruta de la amnistía, todas las víctimas quieren justicia y rendición de cuentas. Ahora sabemos que los conflictos pueden volver a surgir cuando no se hace justicia. No puedo decir cuántos cientos de personas me han dicho cuánto tiempo han esperado justicia. La CPI es ahora conocida en todo el mundo—y en todo el mundo quieren investigaciones
en sus propios países. Pero debemos recordar que las poblaciones locales deben ser consultadas sobre la clase de justicia que quieren.

Los primeros tribunales ad hoc hicieron de la justicia internacional una realidad al complementar los crímenes y la jurisdicción. Como jueza del tribunal de Ruanda, estoy muy satisfecha de haber contribuido a convertir esta idea en realidad. Es maravilloso cómo la CPI ha marcado un nuevo precedente para los Estados al definir los derechos de las víctimas a participar en los procedimientos y recibir reparaciones, algo en lo que pude contribuir de cerca durante mi periodo como jueza de apelaciones de la CPI.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos para los derechos humanos y la justicia internacional en los próximos 20 años?

Muchos me han preguntado si los derechos humanos siguen siendo relevantes teniendo en cuenta la incapacidad de resolver los conflictos en lugares como Siria, la República Centroafricana, Sudán del Sur y Ucrania. Solo en Siria, el último número de muertos asciende a 192.000. A pesar de todo esto, sí son relevantes. Más allá de seis o siete países, el mundo está cumpliendo con el marco internacional para el respeto, la promoción y
protección de los derechos humanos.

Vemos problemas cada vez mayores con varios movimientos rebeldes armados, contra los cuales regularmente los gobiernos parecen ostentar poco poder para actuar. Existen también grandes expectativas sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque aún no cuenta con un mecanismo de ejecución y posee un área de acción muy limitada.

Me preocupan también las declaraciones realizadas en la Unión Africana (UA) que afirman que la CPI apunta especialmente a los Estados africanos. África es el continente que más se ha beneficiado con la existencia de la CPI. Ellos invitaron a la CPI a intervenir porque los gobiernos africanos no fueron capaces de investigar y procesar los crímenes más graves. Siete de las nueve investigaciones de la CPI comenzaron por invitación de gobiernos africanos. Las dos que no—Libia y Darfur—fueron remitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La CPI está ayudando a África en este momento de necesidad. Si la CPI no estuviera allí, no se prestaría atención a estas cuestiones.

En relación con la adopción de las resoluciones de la UA para proteger la inmunidad de los líderes de Estado, están claramente en contravención con el derecho internacional, el ER y con numerosas constituciones nacionales.

Estos desarrollos amenazaron con socavar la lucha contra la impunidad y la integridad
del ER al que ya se han suscrito 122 Estados—incluyendo a la mayoría de los Estados africanos. Sin embargo, cuento con declaraciones de varios gobiernos africanos, entre ellos varios miembros de la UA, donde reiteran su compromiso con el fin de la impunidad
que me dan esperanza. Debemos escuchar más de estas voces

¿Cómo puede el sistema de la ONU servir de una manera más eficaz a los intereses de la justicia?

Para decirlo de una forma clara, todos los Estados miembros de la ONU deben ratificar el ER—esto es vital para la credibilidad de la CPI y la justicia internacional. Muchos Estados han firmado el ER, pero pocos los han ratificado y continúan existiendo muchos vacíos legales, como en Asia. Los tres grandes poderes—Estados Unidos, Rusia y China—deben también eventualmente convertirse en miembros.

Todos los Estados deben volver a los principios de no impunidad por crímenes serios y que nadie está por encima de la ley. Estos principios aún son parte del marco legal de la ONU, así  que deben ser parte de su trabajo. Si la ONU no apoya plenamente a la CPI, estamos fallando en nuestra misión: prevenir los conflictos y salvar vidas.

Una versión de este post se publicó en nuestro Monitor de la Justicia Global de 2014.