Las víctimas serán quienes paguen el precio del doble estándar de los Estados en el presupuesto de la CPI

Desde que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), la sociedad civil de todo el mundo ha trabajado para garantizar que las contribuciones financieras de los gobiernos permitan a la Corte actuar de forma efectiva, justa e independiente.

La Coalición por la Corte Penal Internacional ha demostrado su preocupación por varios informes que aseguran que, a pesar de que la mayoría de los Estados Partes se han expresado a favor de aumentar las actividades de la Corte durante el Debate General de la 15ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), un pequeño grupo de Estados reivindicaron de nuevo el denominado “crecimiento nominal cero” del presupuesto - o un presupuesto similar al del año pasado - a pesar de la evidente necesidad de incrementar los fondos de la CPI para el año 2017. Los Estados Partes han pedido a la Corte reforzar el Estatuto de Roma y responder a las peticiones de justicia en todo el mundo. Los Estados no pueden pretender y exigir que la Corte incremente sus acciones cada año, al tiempo que reducen sus recursos.

En la 15° sesión de la Asamblea de los Estados Partes, la Coalición pidió a los Estados Partes:

1. Rechazar el “ Crecimiento Nominal Cero”
Exigir a la Corte que actúe en todos los casos en los que se cometan crímenes atroces, en las remisiones, investigaciones y juicios cada año, y a la vez reducir el presupuesto de la misma puede llegar a desembocar en un desastre. El “crecimiento nominal cero” (ZNG, por sus siglas en inglés) es un en foque erróneo que menoscaba la efectividad de la Corte. El término ‘crecimiento’ es un eufemismo. El ZNG propone que el presupuesto de la CPI se mantenga exactamente en la misma cuantía que el año pasado. El ZNG significa que la inflación anual y los incrementos de los costos, como el incremento de los costos de personal tras el Sistema de Personal Común de la ONU, necesitan ser absorbidos dentro del programa presupuestario de la Corte.  El ZNG es una reducción de facto del presupuesto de la CPI.

La imposición del ZNG del presupuesto afectará de manera directa e inmediata la capacidad de la Corte para ejecutar su mandato de forma plena, efectiva y eficiente, afectará a los fondos y a su distribución y al personal de la Fiscalía, de la defensa, a la participación de las víctimas y a las actividades de divulgación. También afectará la capacidad de la Fiscalía para iniciar nuevas investigaciones y casos, causando retrasos e incluso impedirá que se lleve justicia a las víctimas, el principal objetivo y la razón de ser de la Corte.

2. Otorgar los fondos necesarios para 2017, reconociendo las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas de la CPI
Los Estados Partes deben asegurar que el presupuesto del año 2017 proporcione a la Corte Penal Internacional suficientes recursos para llevar a cabo sus exámenes preliminares, investigaciones y casos previstos por la Corte para el próximo año. Esto requiere un análisis técnico detallado del pedido de presupesto para la CPI, no se trata de decisiones arbitrarias según lo que los Estados quieran pagar. La Asamblea, por lo tanto, debe debatir y centrarse en las recomendaciones dicatadas por el Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte (CPF) - un órgano técnico independiente compuesto por diversos expertos con reconocida experiencia y conocimiento en materia financiera a nivel internacional - reconociendo que ya se han disminuído de forma significativa los pedidos de la Corte para su presupuesto ideal para 2017. En vez de proponer recortes, la Asamblea debería revisar las recomendaciones del Comité  de forma minuciosa y no reducir la capacidad de la Corte para desempeñar su mandato para 2017.

3. Oponerse al establecimiento de una “asignación financiera”
En 2014, el equipo de Presupuesto y Finanzas de la Coalición expresó su preocupación ante las recomendaciones del CPF en las que se declaraba que “los Estados Partes deben considerar si deben establecer en cada reunión de la Asamblea un objetivo financiero o asignación financiera donde se defina con anterioridad los límites del presupuesto para el año siguiente.” Tras la 15° sesión de la AEP, el Grupo de Estudio sobre Gobernanza llegó a la conclusión de que la eventual “asignación financiera, podría dar lugar a un enfoque orientado en los recursos”, tras considerar todos los debates mantenidos sobre esta materia.

La idea de establecer una asignación financiera es totalmente inapropiada para la CPI debido a su cambiante carga de trabajo. Además, se corre el riesgo de suponer un movimiento a favor de las intenciones de un pequeño grupo de países que pretenden imponer el crecimiento nominal cero en el presupuesto de la CPI, lo que impedirá a la Corte expandir sus actividades cuando sea necesario con el fin de responder a los pedidos de justicia. El presupuesto de la CPI debería determinarse de forma periódica, considerando la carga de trabajo de la Corte y no las preocupaciones presupuestarias de algunos Estados, en un proceso transparente que cuente con las medidas de seguridad necesarias en contra de la politización del proceso presupuestario.

4. Una reducción del presupuesto no supone una mayor eficiencia
Algunos de los argumentos utilizados a favor del ZNG es la preocupación de que los presupuesto de la Corte aumenten cada año y la posible ineficiencia de la Corte.

La Coalición no pide a los Estados que otorguen fondos ilimitados a la CPI, pero tampoco deberían dejar de presionar a la Corte para que reforme sus prácticas, presente el presupuesto con transparencia y maximice su eficacia. De hecho, durante los últimos años, la CPI ha trabajado para responder a las preocupaciones legítimas de los Estados Partes sobre un uso eficiente de los recursos. La Corte ha adoptado reformas para mejorar su forma de actuación en las investigaciones y enjuiciamientos, acelerar los juicios y llevar la justicia cerca de las víctimas y las comunidades afectadas.

La realidad es que el trabajo de la Corte continúa expandiéndose a media que se cometen atrocidades en todo el mundo. Los Estados necesitan trabajar juntos para lidiar con los desafíos a los que se enfrentan a través del diálogo y la cooperación; recortar de forma arbitraria el presupuesto de la Corte no supone que vayan a utilizarse estos recurso de forma más eficiente. De hecho, las restricciones presupuestarias arbitrarias en una institución creciente como la CPI probablemente generen ineficiencias, retrasos en la justicia para aquellos que más la necesitan, debilitando así los esfuerzos para conseguir una justicia internacional global.

5. Los gobiernos deberían hacer un esfuerzo para pagar sus moras
El tema de los Estados en mora – o los Estados que no han realizado sus contribuciones al presupuesto de la Corte de forma completa – tiene un gran impacto sobre el trabajo de la Corte dado que no puede acceder a todo el presupuesto comprometido. La demora en las contribuciones al actual presupuesto de la CPI asciende a 30 millones de euros. La Coalición pide a los Estados en mora que paguen todas las contribuciones pendientes sin mayor dilación.