El 15° aniversario de la CPI: La justicia internacional sigue funcionando y necesita de una mayor cooperación
Este verano, la Corte Penal Internacional – CPI – celebrará 15 años de vida, tras la entrada en vigor del tratado fundacional de la Corte, el Estatuto de Roma, el 1° de julio de 2002. El alto número de ratificaciones exigidas para la entrada en vigor del documento se alcanzó rápidamente tras solo cuatro años desde la adopción del tratado el 17 de julio de 1998 en Roma, un lapso de tiempo muy breve dada la importancia y complejidad técnica del acuerdo. Una señal de que la Corte era de hecho una “idea a la que le había llegado su hora”.
Poco después, se eligieron los primeros Magistrados y el primer Fiscal. Se abrieron las primeras investigaciones y se celebraron los primeros procesos judiciales. Finalmente, el 16 de marzo de 2006, el primer sospechoso fue transferido a La Haya. A este primer caso le siguieron nuevos casos e investigaciones. Lo que parecía un sueño imposible de alcanzar fue poco a poco convirtiéndose en una realidad.
Hacerlo realidad supuso un gran esfuerzo. Asegurar que la CPI continúe desarrollándose desde su estado actual hasta alcanzar la madurez como institución también parece ser una ardua tarea, en especial en un tiempo en el que los conceptos globales y las instituciones multilaterales están siendo muy cuestionados. Para conseguirlo, la Corte necesita del apoyo firme y decidido de los Estados, organizaciones y la sociedad civil de todo el mundo.
La CPI surgió para defender el imperativo moral de poner fin a la impunidad de los responsables de los actos más odiosos que impactan la conciencia de la humanidad. Como el propio Estatuto refleja, estos actos fueron considerados una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, y la justicia una contribución esencial para su prevención.
Sin lugar a duda, la creación de la CPI es uno de los logros más importantes de la diplomacia multilateral. Representa la visión común de los Estados y la sociedad civil de todos los continentes de que ciertos crímenes son tan graves que su procesamiento debe ser garantiado por una institución internacional fuerte y decidida de carácter general y permanente.
Justamente por su naturaleza global, la CPI no puede y no debe hacer este trabajo sola. La Corte fue creada para investigar y perseguir a los autores de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio solo si los sistemas nacionales no pueden hacerlo o no lo llevan adelante de manera genuina. Este sistema complementario protege tanto la soberanía nacional como la habilidad de la Corte para ejercer sus funciones en diversas situaciones de todo el mundo. Al mismo tiempo, el sistema alienta a los Estados a fortalecer sus propios sistemas de justicia con el fin de asegurar que los crímenes se traten de manera efectiva más cerca de aquellas personas afectadas por ellos.
En quince años de trabajo, la CPI ha ido estableciendo un rol central entre los organismos internacionales capaces de responder ante las peores atrocidades que afectan a millones de civiles, que muchas veces son obligados a escapar de sus propios hogares a causa de la violencia. Tanto los gobiernos como el Consejo de Seguridad de la ONU han pedido en alguna oportunidad la intervención de la Corte, que ya ha abierto investigaciones en nueve países y ha llevado a cabo juicios con total independencia e imparcialidad.
La CPI ha demostrado en la práctica que es capaz de llevar a los responsables de los crímenes más atroces ante la justicia a través de procesos judiciales justos; crímenes que implican el uso de niños soldados, ataques armados en villas civiles, violencia sexual en los conflictos y la destrucción de la herencia cultural. La Corte ha juzgado a actores estatales y no estatales sin diferenciar el uno del otro, e incluso aquellos vinculados a organizaciones terroristas.
La CPI es firme en la protección de los derechos de la defensa. En aquellas situaciones donde la evidencia no era suficiente para lograr una condena, los acusados fueron absueltos.
La Corte recorre distancias enormes para llegar a las víctimas y asegurar que estas cuenten con una representación efectiva. Las víctimas pueden participar en los procedimientos y pedir reparaciones por los daños sufridos. Un Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas afiliado a la Corte es el encargado de recolectar las donaciones que se destinarán a brindar asistencia a más de 450.000 víctimas en los países con investigaciones en marcha.
Pero sobre todo, la CPI ha ayudado a ubicar el concepto de justicia y rendición de cuentas de forma permanente en la agenda internacional. Una institución permanente capaz de lidiar con los crímenes más graves ha inspirado la lucha contra la impunidad a nivel mundial. Muchos Estados han armonizado sus leyes nacionales con el Estatuto de Roma para poder llevar a cabo juicios a nivel nacional. Hoy, la justicia y la rendición de cuentas son reconocidas como elementos integrales de la resolución de conflictos y la recuperación post conflicto.
Sin embargo, con el fin de defender los históricos avances logrados en la justicia internacional, la Corte precisa un apoyo concreto para investigar y juzgar situaciones. La Corte depende de la cooperación en la recolección de pruebas, el arresto de sospechosos, la protección de testigos y la ejecución de sentencias. La Corte también necesita los recursos financieros suficientes para cumplir con sus objetivos.
La Corte reconoce que la cooperación puede disminuir si quienes la apoyan pierden la confianza en su capacidad de ofrecer una justicia de alta calidad. La cooperación y la calidad de su actuación están totalmente interrelacionadas. La Corte ha enfocado sus esfuerzos en mejorar su eficiencia y efectividad a través de numerosas reformas diseñadas para mejorar sus métodos de trabajo y acelerar los procedimientos judiciales. Los resultados ya son visibles.
La CPI es un gran logro, una institución que representa una promesa de justicia y de protección para las víctimas de los crímenes más atroces. Pero aún dista de completar todo su potencial. Las demandas para que cumpla con su mandato en otras situaciones siguen creciendo. Algunas de estas situaciones aún están fuera de su alcance dado que la Corte, que cuenta con 124 Estados Partes, aún no es universal, y para cumplir con estas expectativas, la Corte debe contar con los medios legales y prácticos para hacerlo.
Los últimos quince años han demostrado que la justicia penal internacional funciona, y es en extremo necesaria. La Corte Penal Internacional es un bastión de esperanza en un mundo con problemas. La conmemoración de estos quince años de actividades en la CPI es una gran oportunidad para instar a la comunidad global a redoblar sus esfuerzos para apoyarla.
Sobre la autora
Silvia Fernández de Gurmendi es Presidenta de la CPI desde marzo de 2015, después de haber sido elegida como Magistrada de la CPI el 20 de enero de 2010. La Magistrada Fernández de Gurmendi contribuyó de forma efectiva en la creación y establecimiento de la CPI y su mediación fue clave en las negociaciones de los instrumentos de complementariedad del Estatuto de Roma - el tratado fundacional de la CPI - como Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Reglas de Procedimientos y Pruebas y el Grupo de trabajo sobre la Agresión.
Este artículo fue publicado originalmente en el Huffington Post.
