Se reanuda el juicio por genocidio en Guatemala
El 13 de octubre, se reanudó el juicio penal contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez. Como informó anteriormente el International Justice Monitor, el Tribunal de Mayor Riesgo "B", integrado por la jueza María Eugenia Castellanos Cruz y los jueces Jaime Delmar González Marín y Sara Gricelda Yoc Yoc, ha dividido el juicio en dos procedimientos distintos.
La legislación guatemalteca tiene disposiciones especiales para las personas que, como el general retirado, eran mentalmente competentes al momento de los presuntos delitos, pero actualmente carecen de la capacidad mental para enfrentar un juicio. Por lo tanto, el tribunal trató el caso contra Ríos Montt a puertas cerradas, sin la presencia del acusado a través de la representación de sus abogados. El mismo tribunal trató el caso contra Rodríguez Sánchez por la tarde en una audiencia pública.
Repaso del juicio por genocidio hasta el momento
Ríos Montt y Rodríguez Sánchez enfrentan cargos por genocidio y crímenes de lesa humanidad por el asesinato de 1.771 indígenas Maya Ixil, el desplazamiento de 29.000 individuos y violación/tortura cometidos en el contexto de 15 masacres documentadas. Cerca de la mitad de todas las violaciones reportadas que tuvieron lugar durante la sangrienta guerra de 36 años de Guatemala ocurrieron en 1982, el año en que Ríos Montt llegó al poder. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, respaldada por la ONU, ocho de cada diez víctimas fueron indígenas guatemaltecos.
Ríos Montt fue condenado y Rodríguez Sánchez absuelto en un juicio en 2013. Sin embargo, en una decisión dividida y muy controversial tomada días después del veredicto, la Corte Constitucional suspendió parcialmente los procedimientos, citando un tecnicismo procesal que anuló el veredicto. Los abogados de las víctimas acusaron a los magistrados que votaron a favor de este veredicto de prevaricación (incumplimiento del deber) y solicitaron un fiscal especial para llevar a cabo una investigación.
Los intentos para reiniciar el juicio por genocidio han fallado en varias oportunidades. El primer intento, en enero de 2015—un año y medio completo luego de la anulación del veredicto original por parte de la Corte Constitucional—fue abortado luego de que la defensa recusara exitosamente a la jueza presidente Jeannette Valdés, quien había escrito su tesis sobre el concepto de genocidio. Hubo otros dos intentos abortados antes de que pudieran comenzar. El intento más reciente fue el 16 de marzo 2016, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo “B” comenzó a llevar a cabo procedimientos a puerta cerradas en contra de ambos acusados.
Luego de aproximadamente una docena de audiencias, estos procedimientos fueron suspendidos después de que la Sala Primera de Apelaciones dictaminara a favor de una medida protectiva presentada por las partes civiles, alegando que las víctimas tenían el derecho de escuchar el caso en contra de Rodríguez Sánchez en un juicio público. La Corte estableció que los procedimientos violaban el derecho de Rodríguez Sánchez a un juicio público, y también violaban el derechos de Ríos Montt a un juicio privado. La Corte Constitucional respetó esta decisión y estableció que los procedimientos violaron los derechos de los acusados al debido proceso y que los dos acusados debían ser juzgados de forma separada.
Sin embargo, a pesar de dicha determinación, la Corte Constitucional también ordenó a la corte judicial retomar los procedimientos tal y como se dejaron cuando fueron suspendidos en mayo de 2016. Alrededor de 25 testigos habían presentado sus testimonios en las casi doce audiencias. Los demandantes de la parte civil expresaron sus preocupaciones sobre la posible interpretación de esto como una violación al debido proceso que pueda resultar en una suspensión de los procedimientos o justifique una apelación de los acusados en caso que la corte encuentre al menos a uno de ellos culpable.
El nuevo juicio contra Ríos Montt
Como informó el International Justice Monitor, Ríos Montt no estuvo presente en la sala del tribunal en la mañana del 13 de octubre. Bajo las disposiciones especiales, Rios Montt no está obligado a estar presente y, en caso de ser encontrado culpable, no deberá ir a prisión. El tribunal ha designado a sus hijos, Zury Ríos y Enrique Ríos, como sus representantes legales, pero estos han delegado la representación legal a los abogados defensores Luis Rosales, Jaime Hernández Marroquín y Linda Juárez. La audiencia se llevó a cabo en privado. La prensa y el público no pudieron acceder a la sala del tribunal.
Los procedimientos comenzaron con una moción de los abogados de la defensa contra el tribunal, a través de la cual establecieron su incompetencia para tratar este caso porque los Tribunales de Mayor Riesgo no existían en el momento que se habrían cometido los presuntos crímenes. El tribunal rechazó esta moción, motivo por el cual los abogados de la defensa pidieron a los jueces que se recusaran. El tribunal también rechazó esta moción. Los abogados de la defensa presentaron una solicitud de recusación basada en una denuncia penal presentada por Rosales y Hernández en agosto de 2015, acusando a los magistrados de abuso de autoridad, violaciones de la constitución e incumplimiento de deberes. El tribunal rechazó todas estas mociones, afirmando que eran tácticas dilatorias. Utilizando el Artículo 201 de la Ley de Organismos Judiciales, que establece que un abogado tiene prohibido participar en un procedimiento en el cual las intervenciones del abogado podrían ser la causa de la recusación de un juez, el tribunal ordenó a Rosales y a Hernández abandonar el tribunal. Esto dejó a Juárez como el único abogado para representar a Ríos Montt.
Francisco García Gudiel, abogado de Ríos Montt en el juicio por genocidio de 2013, siguió una estrategia similar, buscando recusar a la jueza presidente Yassmín Barrios. Barrios ordenó la expulsión de Gudiel del tribunal después de sus estridentes ataques en su contra. En declaraciones a la prensa después de la audiencia del viernes, Hernández declaró que su expulsión fue una violación del derecho a la defensa y del debido proceso de Ríos Montt
El nuevo juicio de Rodríguez Sánchez
En la sesión de la tarde, los procedimientos avanzaron sin incidentes. Los procedimientos no se llevan a cabo en la gran sala del edificio de la Corte Suprema donde tuvo lugar el juicio de 2013, sino en las salas normales del Tribunal de Mayor Riesgo "B". Asistieron unas 60 personas, entre ellos representantes de las asociaciones de víctimas y el Ombudsman de Derechos Humanos Jordán Rodas, quien dijo que su papel en la observación de los procedimientos era "garantizar que se respeten los derechos al debido proceso de todas las partes".
Los abogados de Rodríguez Sánchez no cuestionaron la competencia del tribunal. Erick de León, un fiscal público que representa a la Procuraduría General de la República, presentó el Plan Victoria 82 como evidencia y pidió leer secciones de este en voz alta. El abogado de Rodríguez Sánchez pidió leer todo el documento en voz alta, lo que el tribunal rechazó, afirmando que esto sería demasiado tedioso y demorado dada su extensión. Sin embargo, el tribunal ofreció a la defensa la oportunidad de leer en voz alta las secciones que consideraban pertinentes.
De León procedió a leer varios extractos del Plan Victoria 82. Los fiscales confian en el documento militar para demostrar la intencionalidad de las acciones llevadas a cabo en la región Ixil. Al igual otros planes operativos militares clave, como el Plan Firmeza 83 y el Plan de Operaciones Sofía, el Plan Victoria 82 describe la campaña de contrainsurgencia militar contra comunidades indígenas, percibidas como la base social del movimiento guerrillero.
Según la analista del Archivo de Seguridad Nacional Kate Doyle, que ha estudiado exhaustivamente los documentos militares guatemaltecos y los documentos oficiales desclasificados del gobierno de Estados Unidos, el Plan Victoria 82 deja en claro que "las fuerzas armadas consideraban que las comunidades indígenas estaban fatalmente entrelazadas con la insurgencia". Para erradicar la base, Victoria 82 promovió una estrategia de tierra arrasada, ordenando la destrucción de viviendas, cultivos locales, animales y otras fuentes potenciales de suministros de la guerrilla". Para un análisis completo, vea La batalla final: Campaña de contrainsurgencia de Ríos Montt.
La intervención final estuvo a cargo de Santiago Choc, abogado de Human Rights Law Firm, dirigida por el renombrado abogado de derechos humanos Edgar Pérez. Choc leyó un segmento del Plan Victoria 82 en donde se estableció que luego de una determinada cantidad de tiempo sobre el terreno, los soldados tenían el derecho de pasar tiempo en una "zona de recreación" donde podían tener "contacto con el sexo femenino".
Después de una breve sesión de dos horas, el tribunal levantó la sesión. La próxima audiencia para ambos juicios está programada para el 27 de octubre.
Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es Senior Fellow en la Washington Office on Latin America (WOLA). Paulo Estrada es un activista de derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos y parte civil en el caso del Diario Militar.
Este artículo se público originalmente en el International Justice Monitor.
