La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) lideró los esfuerzos de la sociedad civil en la campaña para la adopción del Estatuto de Roma en 1998 y la configuración del mandato de la Corte. Tras la adopción del Estatuto de Roma y la ratificación del primer Estado, Senegal, en febrero de 1999, la Coalición hizo campaña en favor de la ratificación del tratado en todo el mundo. 

Hoy en día, la sociedad civil sigue apoyando y defendiendo firmemente una CPI justa e independiente, y un sistema sólido del Estatuto de Roma con el principio de complementariedad en su centro. En 2020, un grupo de expertos independientes designados para revisar la CPI y el sistema del Estatuto de Roma concluyeron que las organizaciones de la sociedad civil son un "multiplicador de fuerza para la Corte en la promoción y realización de su trabajo". 

En el año en que se conmemoran los 25 años del Estatuto de la CPI, la Coalición pide a los Estados Partes que establezcan las normas necesarias para una nueva era de rendición de cuentas y que revisen las necesidades a largo plazo de la Corte: 

• Apoyar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para poner fin a la impunidad y apoyar a la CPI: Recordando que 2023 también marca el 25º aniversario de la adopción de la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, los Estados Partes y la CPI deben reconocer el papel clave de la sociedad civil en el sistema del Estatuto de Roma y defenderla con firmeza y coherencia ante la criminalización, las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos que están en primera línea de los esfuerzos de justicia. 

• Apoyo coherente y sostenido a todas las situaciones bajo la jurisdicción de la CPI, respaldado por compromisos concretos: Los Estados Partes deben proporcionar a la institución recursos sostenibles y seguros para todos sus órganos y programas en su presupuesto ordinario, para que pueda hacer justicia en todas las situaciones que se le presenten. Esto salvaguardará aún más la independencia y la legitimidad de la CPI, y evitará la politización y la selectividad, o la parcialidad inapropiada, en el trabajo de la Corte. 

• Universalidad del Estatuto de Roma: destacar la importancia de la universalidad del Estatuto de Roma y pedir a todos los Estados que ratifiquen el Estatuto para ampliar el alcance de la Corte y reducir la brecha de impunidad. Promover el principio central de complementariedad, según el cual los Estados son los principales responsables de enjuiciar los crímenes del Estatuto de Roma, inclusive adoptando las leyes necesarias para integrar las disposiciones del Estatuto de Roma a nivel nacional.

• Elegir a los y las mejores dirigentes para la CPI y la AEP: comprometerse a elegir a funcionarios/as excepcionales en la CPI y la AEP, mediante elecciones justas, transparentes y basadas en el mérito, para salvaguardar la alta calidad de las decisiones procesales y judiciales y aumentar la confianza en la capacidad de la institución para hacer justicia. En particular, los Estados Partes deben aplicar rigurosos procedimientos nacionales de designación de candidato/as judiciales y adoptar un proceso de investigación de antecedentes permanente para todas las elecciones de la CPI y la AEP, a fin de garantizar la alta consideración moral exigida por el Estatuto de Roma.