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Restringir el poder de veto en el Consejo de Seguridad

El poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU de los 5 miembros permanentes Ⓒ ICRtoP

En este artículo redactado por William Pace, miembro fundador del Comité Directivo de la Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger y coordinador de la Coalición por la Corte Penal Internacional, y Fadel Abdul Ghany, presidente y fundador de la Syrian Network for Human Rights, los autores explican porqué los Estados deben apoyar el Código de Conducta del ACT para limitar el uso del poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en los casos relativos a crímenes atroces.

 

Desde la fundación de las Naciones Unidas hace setenta años , cinco estados – China, Francia, Rusia, los Estados Unidos y el Reino Unido, conocidos también como el P5 – han ejercido con frecuencia el llamado “poder de veto”. El poder de veto significa que cada vez que el Consejo de Seguridad de la ONU vota una resolución—para aplicar un embargo de armas a Corea del Norte, crear una misión de paz en Darfur o autorizar sanciones a Sudán del Sur, etc.—estos cinco países tienen individualmente el poder de detener la resolución. Un veto destruye las posibilidades de éxito de cualquier acción colectiva internacional y legal para hacer frente a situaciones que afecten a toda la humanidad—así sea un potencial genocidio en Myanmar, Kim Jong-un aterrorizando a su población o los recurrentes crímenes de guerra en Gaza.

La inclusión del poder de veto en la Carta de la ONU intentaba asegurar la participación de los ganadores de la 2º Guerra Mundial en el nuevo organismo internacional. De hecho, muchos consideran que la Unión Soviética y los Estados Unidos no se hubieran unido a la ONU sin dicho poder. Sin la garantía que ofrece el poder de veto para EE.UU y la Unión Soviética, es posible que la ONU hubiera seguido los pasos de la Sociedad de las Naciones que no logró sobrevivir a la Guerra Fría.

Sin embargo, el hecho de que un sistema haya servido a un propósito en algún momento, no significa que debemos perpetuarlo tal cual es. Debido a los vetos ejercidos o insinuados por el P5, la ONU ha sido incapaz de reaccionar mientras en Siria el número de víctimas fatales asciende a 210.000. La comunidad internacional no ha tenido forma de responder a las claras pruebas de los crímenes de lesa humanidad sistemáticos que Corea del Norte comete contra su propio pueblo. Se pueden cometer crímenes de guerra impunemente en Gaza, de forma recurrente, sin temor a que el Consejo de Seguridad lleve a sus autores ante la justicia. Los Rohingya, con el pleno conocimiento de que el Consejo de Seguridad ni siquiera se reunirá para tratar su terrible situación, han sido llevados al borde del genocidio.

Algunos podrían pensar que estas cuestiones son únicamente de interés nacional. La crisis de refugiados y la propagación del terrorismo entre los países vecinos de Siria y Palestina, la crisis de migrantes rohingya que afecta a Indonesia, Tailandia y Malasia y el secuestro sistemático de ciudados extranjeros por parte de Kim Jong-un dejan en claro que estos crímenes atroces desestabilizan al mundo en general. Si el Consejo de Seguridad, debido al poder de veto del P5, no puede abordar cuestiones de tal magnitud, entonces se ha vuelto incapaz de cumplir con su función primaria de preservar la paz y la seguridad internacional. Algo debe cambiar – dar la espalda a las atrocidades no puede convertirse en la nueva normalidad.

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Si queremos ver un Consejo de Seguridad que actúe para prevenir y responder a los crímenes atroces y, en consecuencia, compla con su mandato, es imperativo que los gobiernos ofrezcan su apoyo al nuevo “Código de Conducta” sobre la acción del Consejo de Seguridad contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. El grupo Rendición de cuentas, Coherencia y Transparencia (ACT, por sus siglas en inglés), una agrupación de Estados miembros de la ONU que trabajan para mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, presentó un plan para el Código, en el que los firmantes “se comprometen a no votar en contra de un proyecto de resolución creíble destinado a prevenir o poner fin a la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. El Código se lanzará oficialmente en el 70º aniversario de las Naciones Unidas el 23 de octubre de 2015.

El Código es complementario a otra iniciativa en curso en las Naciones Unidas, una declaración política encabezada por Francia y México. Esta se centra en la obtención de un acuerdo voluntario entre los miembros del P5 del Consejo para abstenerse de utilizar el veto en situaciones de atrocidades masivas.

Curiosamente, en el marco del código del ACT, esta obligación no es solo para el P5, todos los miembros electos del Consejo que firmen el código también estarán obligados a no obstaculizar dichas resoluciones. Este compromiso recuerda que los gobiernos ya han reconocido, en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, que tenían la Responsabilidad de Proteger (RtoP, R2P) a las poblaciones de estos delitos.

En cuestión de semanas, el Código ha recibido 97 firmas, entre ellos 2 miembros del P5 (Francia y el Reino Unido) y la declaración política 80, con un solo miembro del P5 actualmente en la lista, Francia. Como los códigos y las declaraciones, estos no serán vinculantes, lo que puede generar que sean motivo de burla por no tener ninguna utilidad. Pero el cambio en el sistema internacional es siempre gradual. La construcción de un consenso internacional sobre la vergüenza de utilizar el veto en situaciones de atrocidades -y transformarlo en presión política sobre los que lo hacen- es un primer paso hacia la construcción de un mejor Consejo de Seguridad y, mientras tanto, tanto una mejor y más rápida respuesta a las atrocidades.

Este artículo fue publicado por primera vez en el blog online del ICRtoP.

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