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#NGOVoices en la 21ª sesión de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI

El apoyo político sin precedentes a la CPI debe traducirse en acciones concretas por la justicia.

La Coalición por la CPI participará en la 21ª sesión de la Asamblea de los Estados Parte (AEP) #ASP21, que se llevará a cabo en La Haya, Países Bajos, del 5 al 11 de diciembre de 2022. En cada sesión anual, los Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI (que estableció la Corte Penal Internacional) discuten temas cruciales para la gobernanza de la Corte y toman decisiones que tienen un impacto directo en su trabajo y las víctimas y comunidades a las que busca servir, y este año no es la excepción.

En 2022, con motivo del vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión del Estatuto de Roma fue central en el debate internacional. Este año en particular, para sostener el papel global de la CPI en asegurar el derecho a la justicia de las víctimas donde los estados no pueden o no quieren, el apoyo a la CPI debe ir de la mano con la provisión de recursos suficientes y sostenibles en su presupuesto regular para hacer frente a su creciente carga de trabajo y garantizar los derechos de las víctimas a la información, la participación y la reparación; con el alcance a las víctimas y comunidades afectadas; con una continua cooperación efectiva con sus investigaciones; y con firme apoyo político, en particular frente a amenazas o ataques contra ella o contra quienes cooperan con ella.

Asegurar que la Corte cuente con los recursos adecuados es esencial para que ejerza su mandato de manera efectiva y cumpla con las expectativas puestas en ella no solo por los Estados Parte que la financian, sino también por las víctimas y las comunidades afectadas a las que busca servir en todas las situaciones que se le presenten. Desde hace muchos años, las negociaciones del presupuesto de la CPI se han llevado a cabo en un contexto en el que la Corte no tiene el espacio para solicitar los recursos que necesita, particularmente porque algunos Estados Parte buscan imponer límites financieros arbitrarios que tienen efectos negativos duraderos. En última instancia, la Corte se ha visto obligada, año tras año, a hacer más y más con menos y menos. La adopción de un presupuesto que es claramente inconsistente con la carga de trabajo de la Corte da como resultado un daño al acceso de las víctimas a la justicia y plantea desafíos injustificables para la impartición de justicia justa y accesible por parte de la Corte.

La Coalición por la CPI pide un cambio fundamental en el enfoque de los recursos que necesita la Corte en su presupuesto anual regular para cumplir con las altas expectativas puestas en ella de manera sostenible, sin limitaciones arbitrarias que puedan tener un efecto político o dañar la percepción de la legitimidad e independencia de la Corte.

Este año, luego del llamado excepcional de la Oficina del Fiscal (OTP) de la CPI y la provisión de recursos financieros y personales voluntarios por parte de los Estados Parte, la Coalición por la CPI hace un llamado a la AEP para garantizar que se proporcionen recursos financieros adecuados y sostenibles a través de la presupuesto regular de la Corte, sin limitaciones arbitrarias que puedan afectar la percepción de la legitimidad e independencia de la Corte.

A menudo, las discusiones sobre el presupuesto de la Corte se alejan de la realidad en las situaciones en las que opera la Corte. Lo que puede ser una línea presupuestaria en una página para un representante estatal en La Haya o Nueva York podría ser una oficina de campo con personal inadecuado que resulte en actividades de divulgación limitadas para las comunidades afectadas en un país en situación; un recorte de un pequeño porcentaje puede tener un impacto significativo en el acceso a documentos en ciertos idiomas, la participación significativa de las víctimas en los procedimientos o el personal y la capacidad suficientes que obligan a todos los órganos a priorizar ciertas actividades sobre otras, a pesar de las crecientes brechas y expectativas de impunidad.

Antes de la 21.ª sesión de la AEP, los miembros de la Coalición de todo el mundo comparten sus puntos de vista y recomendaciones sobre lo que los Estados y la Corte pueden hacer, por ejemplo, durante las negociaciones sobre el presupuesto de la CPI, así como de cara a 2023. Vea lo que la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos de en todo el mundo tienen que decir:

Asia Justice and Rights (AJAR) sobre la situación en Myanmar y Filipinas

“La CPI debe priorizar la investigación en curso en Bangladesh/Myanmar y mostrar un apoyo continuo a la búsqueda de justicia para todas las personas de Myanmar como una señal para los perpetradores de que serán responsables de los crímenes cometidos”. AJAR también compartió la siguiente cita de Nur, una víctima rohingya: “Es crucial que la CPI escuche las voces de las víctimas, aquellas que fueron torturadas, violadas y quemadas por el ejército de Myanmar. Esperamos que la CPI haga más para escuchar a las víctimas rohingya, arrojando luz sobre nuestra terrible situación”.

“La CPI debe reanudar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad durante la operación antidrogas en Filipinas. Junto con la investigación en curso de la CPI, el gobierno de Filipinas también debe fortalecer su cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos. La solicitud de aplazamiento presentada por Filipinas solo está paralizando la demostración fallida de los procedimientos internos, donde no se han realizado investigaciones rápidas y efectivas para todas las denuncias. La CPI no debe dejarse influir por las afirmaciones del gobierno y debe continuar con el proceso de rendición de cuentas de la Corte”.

Al Haq, Palestina

Diana Alzeer, Jefa de Divulgación y Comunicaciones:

"Aunque dimos la bienvenida al compromiso concreto de la CPI y de los Estados con la rendición de cuentas por crímenes internacionales en diferentes situaciones, estamos profundamente preocupados por la falta de pasos similares para concluir la investigación en la situación en Palestina. Esto demuestra que hay selectividad y doble rasero en la aplicación del derecho internacional, que amenaza la credibilidad de las organizaciones internacionales y lleva a los palestinos en general a perder la poca fe que les queda en el sistema legal y de justicia internacional. Es imperativo que los perpetradores de los crímenes más graves en todas partes sean llevados ante la justicia”.
 
 

Coalición nacional de Burundi por la CPI / Coaliciones Africanas Francófonas por la CPI (CAF-CPI)

Lambert Nigarura, presidente de la Coalición Nacional de Burundi por la CPI y secretario general de la red de coaliciones francófonas africanas:

“Si la CPI tuviera los recursos adecuados para hacer frente a su carga de trabajo, que aumenta constantemente en todo el mundo, el impacto positivo en las víctimas que dan la Coalición Nacional de Burundi y otras ONGs sería mayor, y las expectativas puestas en esta corte internacional única se cumplirían".

 
 

Centro de Derechos Constitucionales (CCR), Estados Unidos

Katherine Gallagher, asesora sénior del personal de CCR:

“Todas las víctimas en la decisión de Afganistán han sufrido el viejo adagio, ‘justicia retrasada es justicia denegada’. El fiscal ahora tiene la autoridad para hacer justicia a las víctimas de los talibanes, las fuerzas afganas y el programa de tortura de Estados Unidos. Si no se investiga a los actores estadounidenses en este tribunal de última instancia, se enviaría un mensaje peligroso a los funcionarios de los Estados poderosos, y a sus víctimas, de que algunos están por encima de la ley. Eso no debe suceder”.

 
 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. A. C. (CADHAC), México 

“Para hacer que prevalezca la justicia en graves crímenes de trascendencia internacional y que las víctimas accedan a reparaciones en su beneficio se requiere que los Estados Parte muestren que están a la altura del desafío actual y asignen los recursos suficientes a la CPI para atender de forma eficiente el volumen creciente de solicitudes de intervención; no hacerlo es favorecer que la impunidad continúe”.
 
 

Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia (GYLA) / Coalición nacional de Georgia por la CPI (GCICC)

Tamar Oniani, Jefa del Equipo de Litigios Internacionales de GYLA y presidenta del GCICC:

“Más de 13 años después de la Guerra de Agosto de 2008, las consecuencias de los crímenes internacionales cometidos entonces siguen impactando la vida de las víctimas en la actualidad. Unas 28.000 personas de etnia georgiana han sido desplazadas y el 20 % de Georgia sigue ocupado por la Federación Rusa. Las víctimas viven en condiciones socioeconómicas insoportables en los lugares de reasentamiento y cerca de la línea divisoria administrativa. Las graves condiciones de vivienda, la inexistencia de oportunidades de empleo, la imposibilidad de trabajo agrícola, la falta de servicios médicos, la falta de actividades generadoras de ingresos y oportunidades educativas son especialmente problemáticas. El Fondo Fiduciario para las Víctimas de la CPI debe tener suficientes recursos para apoyar las actividades generadoras de ingresos para cumplir verdaderamente el objetivo de la misión de apoyar e implementar actividades reales que cambien la vida para abordar los daños de las víctimas de la guerra de agosto”.

 

Human Rights Watch (HRW) 

Liz Evenson, Directora de Justicia Internacional:

“Los países miembros de la Corte Penal Internacional deben aprovechar la renovada atención sobre la justicia internacional y demostrar el apoyo político más fuerte posible para el mandato global de la CPI al garantizar que su presupuesto general satisfaga sus necesidades. Esto es clave para que la corte pueda cumplir plena y consistentemente con su mandato en todas las situaciones y evitar cualquier percepción de doble rasero en el acceso de las víctimas a la justicia”.

 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Delphine Carlens, Jefa de la Oficina de Justicia Internacional:

"Los Estados Parte deben adoptar un enfoque basado en principios y garantizar apoyo financiero a largo plazo para la Corte y para todas las situaciones de crímenes internacionales contribuyendo a su presupuesto general sin restricciones, en lugar de asignar fondos para situaciones específicas u órganos específicos de la CPI. Los Estados deben garantizar que se dedican recursos adecuados a las secciones de la Corte que trabajan para apoyar la participación significativa de las víctimas en todas las etapas del proceso. La credibilidad, la legitimidad y la eficacia de la CPI están en juego aquí".

 

La Sección de Kenia de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ Kenia)

Joanne Mutonga, técnica de programas:

"Hacemos un llamado a los Estados Parte para que apoyen plenamente a la CPI para que cumpla su mandato, particularmente en lo que respecta a la divulgación, la sensibilización y la interacción con las víctimas y los sobrevivientes. Esto no se puede lograr sin una asignación presupuestaria suficiente".

 
 

Abogados por la Justicia en Libia (LFJL)

Cristina Orsini, técnica superior de Programas:

“Es de suma importancia que el presupuesto de 2023 incluya un aumento para que la Corte pueda continuar priorizando la situación de Libia y lograr un progreso tangible para las víctimas y las comunidades afectadas. En este contexto, además de las investigaciones, las actividades que permitan la realización del mandato de la Corte hacia las víctimas, como la divulgación y la participación de las víctimas, no deben verse comprometidas por restricciones presupuestarias. Por lo tanto, si bien es necesario abordar los problemas de recursos, no pueden ser una excusa para ignorar los derechos de las víctimas. Secuenciar el compromiso de las víctimas y las comunidades afectadas a los desarrollos judiciales no reconoce su papel como catalizador para la generación de nuevas pruebas en las investigaciones en curso y debe ser igualmente priorizado”.

 

Liga por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia (LIPADHOJ), República Democrática del Congo

Jessie Anita Nissi, Consultora:

“La Liga por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia (LIPADHOJ) agradece a los Estados Partes del Estatuto de Roma por sus aportes y los insta a pensar más en las víctimas y comunidades afectadas por las guerras cíclicas en la RDC, porque el financiamiento adecuado de las reparaciones, incluido el programa de asistencia del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, contribuiría inevitablemente a sacar a las víctimas de la precariedad socioeconómica que les inflige el daño sufrido”.

 

Media Initiative for Human Rights, Ucrania, en nombre de la Coalición Ucraniana 5am

“Lograr la justicia depende de qué tan fuerte sea la cadena de cooperación en todos los niveles. Los ucranianos afectados por la guerra comparten su dolor no para recoger simpatías, sino para lograr resarcir a sus agresores. Las organizaciones de la Coalición 5 AM de Ucrania documentan estos testimonios no solo para la historia, sino también para que los procesos judiciales tengan una base de pruebas sólida para probar los hechos de los crímenes internacionales cometidos bajo la agresión armada de Rusia. Creemos que la comunidad internacional será fuerte y firme en la toma de las decisiones que de ella dependen para lograr la justicia y castigar el mal”.

 

 

 

Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR)

Sr. Raji Sourani, Director de PCHR:

“Después de décadas de lucha, cuando Palestina se unió a la Corte Penal Internacional en 2014, nuestra esperanza de obtener finalmente justicia para las víctimas de la ocupación criminal de Israel se hizo realidad. En 2020, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía se percibió como un gran salto adelante. Nosotros, las organizaciones palestinas independientes de la sociedad civil, apoyamos a la CPI desde el primer día y hemos desempeñado un papel clave para que esta investigación cobrara vida. Después de años de frustración, esperábamos que fuera el comienzo de una nueva era de rendición de cuentas por los graves crímenes cometidos en la Palestina ocupada. Sin embargo, desde que asumió el cargo el nuevo Fiscal hasta hoy, no hemos visto ningún paso concreto en esta investigación. La situación sobre el terreno se deteriora año tras año, mes tras mes, día tras día. Sentimos que nos han dejado solos en nuestra lucha y las víctimas palestinas están perdiendo la esperanza. He vivido toda mi vida bajo la ocupación. Pero sí creo en el estado de derecho y en nuestra dignidad compartida. Creo firmemente que estamos en el lado correcto de la historia, que se logrará la justicia, pero el camino no es fácil y la CPI tiene una gran responsabilidad legal para demostrar que no estamos solos en la lucha por la justicia”.
 

Parliamentarios para la Acción Global (PGA)

Dr. David Donat Cattin, Secretario General:

“La calidad de los jueces de la CPI es de fundamental importancia para el desempeño, la eficiencia y la eficacia de la CPI. Sin jueces calificados, la CPI no puede cumplir su promesa de garantizar la rendición de cuentas a los perpetradores de crímenes internacionales y hacer justicia a las víctimas. Como tal, es crucial que los Estados Parte se doten de procedimientos internos que garanticen que solo los candidatos más calificados sean nominados para las elecciones judiciales de la CPI, a través de procesos nacionales públicos, transparentes y basados ​​en el mérito”.

 

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos – PROVEA 

Calixto Ávila: 

“Urge que la Asamblea de Estados Parte garantice la provisión de recursos suficientes para el funcionamiento de la Corte. La deuda en contribuciones acumulada por el Estado venezolano entre 2014 y 2021, por 13,413,291 euros, no sólo lo priva del derecho al voto, sino que afecta el desempeño de la CPI. Ahora que los jueces de la CPI han emitido la “orden invitando a dar observaciones, puntos de vista e inquietudes de las víctimas” en Venezuela I y que se establecerá una Oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela, es aún más necesario que el Estado cumpla con sus obligaciones presupuestarias”.

 

Grupo de Coordinación de Justicia Transicional, Afganistán

Maina Abbasi:

“El éxito de la CPI en Afganistán y en otros lugares solo es posible si los Estados Parte cumplen con sus obligaciones y fortalecen la Corte. Hacemos un llamado a los Estados para que brinden a la Fiscalía los recursos, el apoyo político y la cooperación necesarios para llevar a cabo su investigación completa. Los Estados también deben asignar recursos para la sociedad civil y las ONG que apoyan el mandato de la Corte".

 

 

Ukrainian Legal Advisory Group (Grupo Asesor Jurídico de Ucrania)

Nadia Volkova, Directora:

“Instamos a los Estados Parte a presionar a las autoridades ucranianas para que creen las condiciones en las que Ucrania pueda cumplir con sus obligaciones. Estos incluyen la ratificación del Estatuto de Roma por Ucrania; la adopción de legislación interna que asegure los estándares internacionales del debido proceso en la persecución de delitos graves; y garantizar que las autoridades y los jueces ucranianos obtengan los conocimientos y las habilidades necesarios para abordar casos de delitos graves”.

 

Coalición por la CPI

Melinda Reed, coordinadora interina de la CCPI:

“Durante el año pasado, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos continuaron enfrentando inmensos desafíos políticos, financieros y de seguridad en su lucha por llevar justicia a las víctimas y por su trabajo con la Corte, y esperamos que los Estados Partes en esta sesión reafirmen el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que luchan para hacer justicia a las víctimas en todo el mundo y trabajan con la Corte, y se comprometan a apoyar, defender y proteger a los defensores de los derechos humanos, sus familias y su trabajo, y condenar todos los ataques y amenazas contra ellos. Nos solidarizamos con los miembros de la Coalición y otras organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos”.