Venezuela en crisis: ¿Cuál es el rol de la justicia de la CPI?

Manifestantes enfrentan a la Guardia Nacional de Venezuela durante una protesta en mayo de 2017. Foto: CC BY 3.0
La escalada de violencia en Venezuela es la manifestación más reciente y visible de la represión generalizada de las oposiciones políticas que ya lleva cuatro meses de acuerdo con los grupos de derechos, la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. Las autoridades del Estado, miembro de la CPI, deben investigar los presuntos abusos de las fuerzas de seguridad o enfrentar la posibilidad de una intervención de la CPI, expresó el ex-Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo.

¿Cuál es la situación de Venezuela?

De acuerdo con las Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad venezolanas han matado, ejercido fuerza excesiva en la represión de protestas y detenido arbitrariamente a 5.000 personas desde abril de 2017. Actualmente, 1.000 personas permanecen bajo custodia, según los datos de la ONU, y varias decenas de las más de 100 muertes reportadas han sido atribuidas a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados pro-gobierno.

"Nos preocupa que la situación de Venezuela sea cada vez peor, estas violaciones de derechos humanos no muestran signos de disminución. […]  La responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que estamos denunciando se encuentra en el más alto nivel del gobierno", dijo Ravina Shamdasani, vocero de derechos humanos de la ONU.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha designado al ex-Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo para analizar la situación del país teniendo en cuenta a todos los grupos involucrados para la promoción de los posibles cursos de acción de la OEA.

"El terror se origina en el Estado a partir de una estrategia deliberada, metódica y sistemática. Si el régimen quiere encarcelar, encarcela. Si dispone torturar, tortura. Si decide asesinar, asesina. Si quieren proceder con fuerzas regulares o por medio de fuerzas paramilitares, da igual”, dijo el secretario general de la OEA Luis Almagro al anunciar su designación.

 

Meses de erupción 

Los grupos de la sociedad civil, incluyendo a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han seguido de cerca la situación de Venezuela y han destacado la crisis de cuatro meses que aún aqueja al país.

Amnistía Internacional informó que durante un período de tres meses que va desde abril a julio de 2017, las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron violentamente las protestas en contra del gobierno, y su análisis sugiere que esto no es simplemente una reacción descontrolada de algunos agentes de seguridad, sino que conforma una práctica premeditada para agobiar violentamente las presuntas opiniones políticas disidentes.

Amnistía basó su evaluación sobre la intención del gobierno en la recurrencia de los ataques con objetivos civiles; los discursos que incitaban a la violencia; la falta de incidentes durante los encuentros pro-gobiernos; la creación de aparatos estatales para perseguir a manifestantes y disidentes sospechosos, a veces disfrazados de campaña anti-terrorista; y un aumento de las fuerzas a las que se vinculan los crímenes más documentados.

“El hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a quienes se tilda de ‘terroristas’, a quienes se les impide manifestarse y contra quienes se usa la violencia y la fuerza ilegítima es prueba de una estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Una de las cuestiones recientes más críticas que preocupa a los venezolanos es la decisión del Presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente a través de un decreto presidencial en vez de organizar un referéndum. Human Rights Watch destaca cómo este órgano, en vez de asegurar la paz como lo afirma Maduro, servirá para desviar el foco de las necesidades más urgentes de Venezuela: poner fin a la represión, liberar a los presos políticos; llevar a los responsables ante la justicia; dar lugar a elecciones libres y justas y restaurar la independencia judicial.

Tras las recientes elecciones convocadas para designar la Asamblea Constituyente en las que hubo al menos diez manifestantes asesinados, algunos se preguntan cómo un país que un día sirvió de refugio para quienes huían de las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70, hoy permite que miles de venezolanos se vean obligados a huir de la adversidad y la persecución en sus propias fronteras.

 

¿Cuál es el papel de la CPI y la justicia internacional?

El gobierno peruano, por su parte, decidió enviar a la Fiscal de la CPI una "comunicación" oficial sobre los presuntos crímenes del gobierno de Maduro. Esta noticia provocó la publicación de numerosos informes. De acuerdo con el Artículo 15 del Estatuto de Roma, una "comunicación" es un mecanismo a través del cual individuos, grupos, Estados, organizaciones intergubernamentales u ONG pueden transmitir información de interés a la Fiscal de la CPI. La Fiscal de la CPI puede utilizar esta información en cualquier decisión que tenga por fin dar inicio a un examen preliminar o una investigación formal.

Sin embargo, una "comunicación" no es lo mismo que una "remisión estatal" de una situación a la CPI y, por lo tanto, no le da a la CPI la jurisdicción para iniciar una investigación.

Los Estados miembros de la CPI como Perú pueden dar a la Corte la jurisdicción para abrir una investigación oficial al "remitir" una situación de su propio territorio o de los territorios de otros Estados miembros de la CPI. Hasta la fecha, ningún Estado ha remitido a otro a la CPI.

El Consejo de Seguridad de la ONU también puede remitir situaciones a la CPI para posibles investigaciones, incluso en países no miembros a la CPI. La Fiscal de la CPI también tiene facultades para abrir las investigaciones por iniciativa propia, conocidas como motu proprio, sujetas a la aprobación de los jueces.

En todas las situaciones, la Fiscal de la CPI determina de manera independiente cuándo avanzar en el inicio de una investigación.

Una vez abierta la investigación, esta se basará en una situación general de abusos y no en un caso o un sospechoso específico.

Al considerar la posibilidad de abrir una investigación, la Fiscal de la CPI examina si el Estado en cuestión realmente no tiene la intención o es incapaz de investigar los crímenes por sí mismo en una primera instancia.

 “Venezuela tiene la prioridad y obligación en primer término de investigar esos crímenes y es imprescindible consultar a sus autoridades sobre los esfuerzos realizados para hacer justicia. Si se confirman los crímenes y no hay esfuerzos genuinos por parte de la justicia de ese país para investigarlos, la OEA puede enviar su información a la Fiscalía de la CPI. Basta que uno de los 28 Estados que son miembros de la OEA y de la Corte refiera la situación de Venezuela para que se facilite la apertura de una investigación”, expresó el ex Fiscal de la CPI Moreno Ocampo.