#JusticiaGlobal Semanal: Comienza el año judicial de la CPI | ¿Qué hay en el radar?
2018: Comienza el año judicial de la CPI
La Corte celebrará su primera apertura ceremonial del año judicial el 18 de enero, que dará inicio a lo que promete ser otro año movido en los tribunales de la CPI. Anthony Carmona, presidente de Trinidad y Tobago, Estado miembro de la CPI, será el orador invitado en la ceremonia inaugural. Carmona fue juez de la CPI desde marzo de 2012 hasta el año 2013, cuando asumió como presidente del país.
Mientras tanto, el 9 de enero la Cámara de Apelaciones de la CPI comenzó su trabajo este año con audiencias orales para el caso Jean-Pierre Bemba. En marzo de 2016, Bemba fue condenado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad al no castigar o disuadir a sus tropas en la comisión de violaciones, asesinatos y saqueos en la República Centroafricana (CAR) entre 2002 y 2003. Bemba apeló tanto el juicio como la sentencia de 18 años. La acusación también apeló la sentencia. Los cinco magistrados de la Cámara de Apelaciones escucharán a la defensa de Bemba y a la Fiscalía argumentar la apelación en los próximos días.
Los juicios de Dominic Ongwen (Uganda) y Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé (Costa de Marfil) se reanudarán en la semana del 15 de enero y el juicio de Bosco Ntaganda (RDC) en la semana del 22 de enero.
Para obtener un resumen de los procedimientos de la Corte en 2017, viste nuestra publicación Un repaso por 2017
¿Qué más hay en el radar?
Las víctimas de los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán tienen derecho a presentar sus opiniones, preocupaciones y expectativas a los jueces de la CPI antes de que se tome la decisión sobre el pedido de la Fiscal para iniciar una investigación completa sobre los presuntos crímenes cometidos en Afganistán por todas las partes del conflicto entre fuerzas pro y anti-gobierno desde 2003. La situación, que también considera presuntos crímenes de guerra relacionados con el conflicto en Afganistán y cometidos en el territorio de otros Estados miembros de la CPI, ha sido objeto de un examen preliminar desde 2007. Las víctimas tienen hasta el 31 de enero para enviar sus puntos de vista.
La Sala de Cuestiones Preliminares III solicitó el mes pasado a la Fiscal de la CPI que presente información adicional y brinde aclaraciones sobre los informes de los medios y las "comunicaciones del artículo 15" sobre algunas instancias en las que podría haber argumentos razonables para creer que las fuerzas militares internacionales cometieron crímenes bajo la jurisdicción de la CPI. La información podría expandir el alcance de la investigación solicitada, de ser autorizada por los jueces.
También el mes pasado, la Sala de Primera Instancia II emitió una decisión en la que fijó USD10 millones como el monto de la responsabilidad personal de Thomas Lubanga para las reparaciones colectivas a las víctimas de sus crímenes en la RDC. Lubanga fue declarado culpable en marzo de 2012 de los crímenes de guerra de alistar y reclutar a menores de 15 años y utilizarlos en hostilidades. A su debido tiempo, la Sala decidirá los próximos pasos para la implementación de las reparaciones colectivas para beneficiar a las víctimas y las comunidades afectadas.
Campaña por la justicia global
En diciembre, la Fiscal de la CPI designó a Patricia Viseur Sellers como su Asesora Especial sobre Género. En la actual implementación de la política de la Fiscalía sobre crímenes sexuales y de género (CSG) de 2014, su prioridad inmediata es fortalecer aún más la capacidad de respuesta de la Fiscalía a una gama de cuestiones de género y CSG bajo el Estatuto de Roma. La CPI tuvo su primera condena por crímenes sexuales y de género el año pasado en el juicio de Bemba, que ahora se encuentra en la etapa de apelaciones.
Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que se denuncian torturas y otros abusos de los derechos humanos contra "decenas de miles" de refugiados y migrantes detenidos en Libia. El informe, que acusa a funcionarios del Estado libio y actores no estatales, también sugiere la complicidad de los gobiernos de la Unión Europea (UE) conscientes de las condiciones de detención y en violación de las obligaciones de no devolución. La Fiscal de la CPI indicó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en noviembre de 2017 que la investigación de la Fiscalía sobre la situación en Libia presta especial atención a los presuntos crímenes del Estatuto de Roma cometidos contra los migrantes.
La ONU anunció que está iniciando una investigación especial sobre crímenes graves contra fuerzas de paz en el este de la RDC, un mes después de que 15 efectivos de paz murieran y docenas resultaran heridos en el ataque más mortífero contra una misión de la ONU en casi 25 años. La ONU también solicitó una investigación creíble e independiente sobre el presunto uso excesivo de la fuerza luego de las acciones violentas de las autoridades que causaron muertes y lesiones durante las recientes protestas en Kinshasa y otras ciudades de la RDC, acciones que la oficina de derechos humanos de la ONU sugierió que tienen la "intención deliberada para reprimir los derechos civiles y políticos".
El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, anunció que los Estados árabes comenzarán una campaña para convencer a las Naciones Unidas de que reconozcan la condición de Estado de Palestina, con Jerusalén Oriental como su capital. Jordania es uno de los tres Estados miembros de la CPI de la región de Oriente Medio-Norte de África. Palestina ha sido reconocida como Estado Parte a los efectos del Estatuto de Roma, lo que permite a la Fiscalía aceptar jurisdicción en enero de 2015 para llevar a cabo un examen preliminar sobre presuntos crímenes cometidos desde el 13 de junio de 2014 en relación con el conflicto Israel-Palestina en Gaza y Jerusalén Oriental.
Varios países de la UE y Estados Unidos se han pronunciado en contra de los continuos esfuerzos del Primer Ministro Haradinaj de Kosovo para revocar una ley de 2015 que respalda la cooperación del país con las Cámaras Especialistas de Kosovo, con sede en La Haya para abordar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000. La propuesta no recibió suficientes votos en diciembre a pesar del amplio apoyo político, aunque hay preocupaciones de que el presidente de Kosovo, Hashim Thaci, renueve la iniciativa en enero. La declaración realizada por Francia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos advirtió sobre las consecuencias negativas de abandonar las Cámaras Especialistas, en particular para la integración internacional y euroatlántica de Kosovo.
