Saif al-Islam Gaddafi

Saif Gaddafi en una audiencia en una corte libia. © Reuters.
Como Primer Ministro de facto bajo el régimen de Muammar Gaddafi, Saif Gaddafi es buscado por la CPI por crímenes de lesa humanidad luego de las manifestaciones populares de Libia en febrero de 2011. Aún permaneces detenido en Libia.
Country
Case status: 
Pre-trial
La Fiscal de la CPI acusa a Saif Gaddafi, como primer ministro de facto bajo el régimen del líder libio Muammar Gaddafi, de idear e implementar una política estatal para sofocar, incluso mediante el uso de la fuerza letal, las manifestaciones civiles de 2011. A pesar de haber sido sentenciado a muerte por un tribunal libio en 2015, Saif Gaddafi sigue siendo buscado por la CPI por crímenes de lesa humanidad. En junio de 2011, la CPI emitió una orden de arresto en su contra. En mayo de 2013, la Sala de Cuestiones Preliminares I rechazó la impugnación a la admisibilidad del caso en contra de Saif Al Islam Gaddafi y recordó a Libia su obligación de entregar al sospechoso a la Corte. A pesar de que fue sentenciado a muerte por una corte libia en 2015, aún sigue siendo buscado por la CPI por crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones confirmó de manera unánime la admisibilidad del caso y rechazó la apelación en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que desestimó su impugnación a la admisibilidad del caso. La Cámara de Apelaciones dijo que la Corte es “complementaria a las jurisdicciones penales nacionales”.

Libia se niega a transferir a Saif Gaddafi a La Haya

En 2014, las autoridades de Libia no pudieron impugnar la admisibilidad del caso de Saif Gaddafi ante la CPI, dado que los jueces de la CPI confirmaron que Libia no había demostrado de manera suficiente que su investigación nacional cubre el mismo caso que el caso de la Corte.

Sin embargo, las autoridades libias no han podido transferir a Saif Gaddafi a la custodia de la CPI. La milicia Zintan lo ha detenido y se ha negado a entregarlo a las autoridades del gobierno central. Este asunto fue remitido al Consejo de Seguridad de la ONU por los jueces de la CPI luego de una decisión que determinó que Libia no había cumplido con sus obligaciones de cooperación bajo los términos de la remisión del Consejo de la situación de Libia a la Corte.

En 2015, un tribunal libio en Trípoli condenó a muerte a Saif Gaddafi, al sospechoso de la CPI Abdullah al-Senussi y a otros siete ex-funcionarios del gobierno. El juicio y los veredictos generaron protestas internacionales por denuncias de violaciones graves al debido proceso. La Fiscal de la CPI y los grupos de la sociedad civil exigieron la entrega de Saif Gaddafi a la CPI y pidieron a Libia que no prosiga con la ejecución.

En marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones confirmó de manera unánime la admisibilidad del caso y rechazó la apelación en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que desestimó su impugnación a la admisibilidad del caso. 

Background: 

El círculo íntimo de Gaddafi sospechado de crímenes de lesa humanidad en contra de civiles en 2011 

El Fiscal de la CPI ha acusado al líder libio Muammar Gaddafi y a su círculo íntimo de idear e implementar una política estatal para sofocar, incluso mediante el uso de la fuerza letal, las manifestaciones civiles de 2011 en contra del  gobierno de Muammar Gaddafi. Los informes de la época sugerían que cientos de civiles fueron asesinados, heridos, arrestados y encarcelados. 

Libia fue la primera situación de la CPI remitida a la CPI de forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Fiscal de la CPI concluyó un examen preliminar sobre la situación una semana después de la remisión, y abrió un investigación completa sobre los posibles crímenes del Estatuto de Roma cometidos desde el 15 de febrero de 2011.  

La CPI emitió órdenes de arresto contra Muammar al-Gaddafi (retirada después de su muerte), su hijo y presunto primer ministro de facto Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah al-Senussi, director de inteligencia militar del régimen de Gaddafi . 

Charges: 

El Fiscal acusa a Saif al-Islam Gaddafi de ser penalmente responsable como co-perpetrador indirecto de los asesinatos y persecuciones cometidos como crímenes de lesa humanidad en Libia entre el 15 de febrero de 2011 y al menos el 28 de febrero de 2011. Los crímenes remitidos fueron presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad bajo el control de Gaddafi como parte de una política estatal establecida por Muammar Gaddafi en coordinación con su círculo íntimo. 

Los presuntos ataques ocurrieron en Benghazi, Trípoli, Misrata y pueblos vecinos. Se presume también que Saif Gaddafi, como sucesor informal de Muammar Gaddafi y colaborador más influyente, ejerció los poderes de primer ministro de facto, como el control de las finanzas estatales y la logística. 

Challenges: 

ICC judges rule Saif Gaddafi case admissible, call for transfer to The Hague 

Libya unsuccessfully challenged the admissibility of Gaddafi’s case at the ICC based on the principle of complementarity, which holds that the ICC does not replace national criminal justice systems and can only investigate and prosecute if the state concerned cannot or will not do so genuinely. In May 2014, the Appeals Chamber confirmed the admissibility of the Gaddafi case before the ICC. The Chamber concluded that pre-trial judges had not erred in finding in 2013 that Libya had not sufficiently proven that its national investigation covers the same case as the one before the ICC. The domestic charges included indiscriminate shelling, opening fire at demonstrators and engaging in acts of vandalism, looting, and killing. 

Death sentence prompts outcry 

On 28 July 2015, a Libyan court in Tripoli convicted Gaddafi, fellow ICC suspect Abdullah al-Senussi and seven other former government officials. Saif Gaddafi was sentenced to death. The trial and verdicts generated an international outcry over allegations of serious due process violations, including that: the militia (the Zintan Brigade) detaining Gaddafi refused to hand him over to Libyan authorities, held him for extended periods in isolation, interrogated him without counsel present in violation of Libyan law, and almost completely denied him access to pre-trial and trial proceedings.  

In response to the verdict, the ICC prosecutor requested that pre-trial judges order Libya not to execute Gaddafi and to instead surrender him to the ICC to face charges of crimes against humanity. The ICC cannot itself impose the death penalty as a sentence, and customary international human rights law dictates that such a penalty is not available in instances where fair trial rights have not been observed. Coalition member the International Federation for Human Rights (FIDH), in addition to calling for Gaddafi’s surrender to the ICC, urged the Libyan Supreme Court to review the verdicts and sentences and the ICC to reconsider its inadmissibility decision in the Abdullah al-Senussi case. 

ICC staff detained 

On 7 June 2012, four ICC staff members were detained in Zintan, Libya, while undertaking a mission authorized by ICC judges and approved by the interim Libyan government to visit with Saif Gaddafi. The four were released on 2 July 2012.

Libya: non-compliant? 

In December 2014, the Court issued a finding of non-compliance by Libya with respect to the non-execution of requests for cooperation transmitted by the ICC. The Court found that Libya had failed to comply with two ICC requests: that Libya surrender Gaddafi to the ICC; and that Libya return to Gaddafi’s ICC defence team original documents that were seized by Libyan authorities during a 2012 consultation in relation to the case. The Court further decided to refer the matter to the UNSC for its assistance in removing obstacles to cooperation.